Silvia Sanchez

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La profesora Silvia Sánchez ex presidente del Consejo Provincial de Educación salió al cruce de las acusaciones del Gobierno quien culpó a «la gestión anterior» de diversas irregularidades detectadas en la contratación de personal, durante los años 2013, 2014, y 2015″.

La ex funcionaria se defendió, «todo esto podría haber sido clarificado en el proceso de transición que pusimos a consideración de las autoridades ingresantes, quienes solo acudieron por una cuestión de forma a una breve reunión intrascendente el día jueves 3 de diciembre», sostuvo Silvia Sánchez.

A través de una nota descargo que envió a los medios de comunicación, la profesora Sanchez indicó «quienes pretenden instalar la descalificación y el manto de sospecha sobre la gestión del CPE, deberían tener en cuenta que la gestión debió regularizar situaciones del 2007 en adelante por lo que invitamos a la comunidad a recordar quienes estaban a cargo del organismo en esa época».

El Consejo Provincial de Educación publicó que «situaciones similares a las descriptas fueron motivo de causas judiciales que al día de la fecha aún no tienen resolución”, en referencia a la existencia de personas contratadas sin la debida documentación.

Al respecto Sánchez señaló que fue durante su gestión cuando se denunciaron judicialmente «ingresos irregulares, habiendo hecho lo propio en el circuito administrativo interno del CPE a través de una información sumaria y un sumario administrativo y se presentó ante el requerimiento de los legisladores de la Honorable Cámara de Diputados, habiendo entregado toda la documental que daba cuenta de los procedimientos iniciados”.

«Lo que hoy se pretende instalar en la comunidad como ingresos irregulares, no es más que el tramo final de regularización de la situación laboral de cientos de trabajadores que habiendo ingresado al organismo anterior a la gestión que presidí, no contaban con legajos y por ende con contratos en el marco de la normativa, razón por la cual no cobraban asignaciones familiares y otros códigos tales como: título, asignación por hijo con discapacidad, seguro, familia numerosa, etc.” explicó.

Según la ex titular del Consejo de Educación,  «todas estas situaciones fueron trabajadas con los gremios que representan al personal convencionado/no docentes, habiendo iniciado un proceso de regularización administrativa, promediando el mes de julio en todo el ámbito provincial. En el mismo proceso de regularización se legitimaron como categoría 210 a trabajadores que realizaban tareas inherentes a los agrupamientos: servicios generales y administrativos y que durante mucho tiempo prestaron servicios en el Consejo Provincial de Educación bajo programas sin estabilidad laboral.”

Detalló asimismo «muchos de esos trabajadores realizaban tareas de rendiciones ya que las partidas presupuestarias de «varías líneas incluidas la UEPAOMREE/10 se encontraban sin rendir algunas desde el 2007. Otros trabajadores realizaban tareas propias de programas nacionales ya que los contratos que le correspondían a la provincia de Santa Cruz fueron desviados para otros fines por el Ministerio de Educación de la Nación y el ANSES unilateralmente.”