Usina(La Nación) Durante el kirchnerismo, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ya había advertido la falta de planificación y de estrategias en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), que desde 2004 fue controlado por sucesivos interventores que reportaron en forma directa al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Desde 2004, cuando ocurrió la tragedia en la que 14 hombres murieron atrapados en un incendio dentro de la mina, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner decidieron insuflar fondos al yacimiento y dotarlo de una usina eléctrica a carbón, que debería proveer 240 megas de energía al sistema nacional.

Según datos de la empresa, el yacimiento posee reservas conocidas por 450 millones de toneladas de carbón, con un horizonte de producción que brindará sostenibilidad por los próximos 150 años. Esto, según documentos de la empresa, «es suficiente argumento para mantener la actividad del yacimiento, pensando también al mismo como una reserva estratégica hacia el futuro».

Para ello, el yacimiento -que había quedado derruido después de ochos años de concesión al empresario Sergio Taselli- debería abastecer con más de dos millones de toneladas de carbón al año a la usina hecha ad hoc. La energía se incorporaría al Sistema Interconectado Nacional a través de una línea de alta tensión. Esta línea es lo único que está listo. La usina está parada y el yacimiento tiene graves falencias.

El objeto del informe fue tener un estado de situación que permita tomar conocimiento de los principales aspectos de la gestión en cuanto a la implementación del Plan Estratégico, el Plan de Inversión 2005-2017, la definición de su forma jurídica y organigrama y el sistema de información de inversiones, entre otros puntos.

El principal problema con el que contaron los auditores fue la falta de información. «La tarea de relevamiento se ha visto limitada», dado que se aportó «documentación sin aprobación formal e incompleta», señalan, y detallan que no pudieron acceder «a un registro de inversiones y obras en curso para conocer el universo de las mismas».

El informe hace referencia a un documento presentado por la intervención denominado «Planificación Estratégica». Sin embargo, la Sigen observa «que no posee fecha de elaboración ni se encuentra formalmente aprobado»; tampoco indica plazos, ni responsables ni recursos para los planes de acción. También hace referencia al «Plan general YCRT 2011-2036», que establece líneas generales de acción pero, igual que el anterior, «no se encuentra firmado ni aprobado», y «no se realiza una evaluación del negocio en forma pormenorizada examinando la viabilidad económica y financiera, indicando los procedimientos para convertir esta oportunidad de negocio en un proyecto empresarial concreto».

Sobre las inversiones, claves para el desarrollo del enclave minero, hablan de la inexistencia de un plan que contemple detalladamente las necesarias y su realización en el tiempo. El informe también señala que las asignaciones de capital cuyo destino impacta en forma directa sobre el avance de obras «se fueron relegando, pasando del 82% al 31% del total de las transferencias (corrientes+capital)». En 2015, el 70% de los gastos eran transferencias corrientes (sueldos) y 30% de transferencias de capital (inversiones en obras).

Entre otros puntos se encontró que en los registros contables no existía un manual y un plan de cuentas, así se observaron errores en imputaciones: en el rubro «equipos de computación» se asignaron «una heladera, cafetera eléctrica, procesadora, tostador, plancha a vapor» entre otros.

En cuanto al «Plan General YCRT 2011-2036», los auditores encontraron «importantes desvíos respecto a la planificación». Así, mientras para 2015 se proyectaba la construcción de 9167 metros de galería, sólo se llegó a 2227. En cuanto a la producción de carbón, ya se había previsto que en 2013 la mina generaría 1.979.296 toneladas de carbón, cantidad ideal para la producción. Ese año se sacaron solo 153.427 toneladas, y en 2015, 48.812.

Fuente: La Nación