Captura de pantalla 2017-10-03 a la(s) 18.40.40RÍO GALLEGOS.- «A la gobernadora no le tembló el pulso para dejar a más de doscientas familias en la calle y a 2.600 chicos sin clases», dijo Mónica Cortés responsable legal de ICEP. Denunció desfinanciamiento hacia la institución, y persecución a los supervisores «porque sus informes favorecían a la escuela», señaló.

Comentó que a raíz del recorte del subsidio estatal «Hemos decidido darle prioridad a los docentes y hemos tenido que hablar con el personal administrativo y de limpieza y decirles que la escuela no les puede pagar más»,  sostuvo Mónica Cortés y adelantó que recortarán cargos docentes en los casos de doble cargo.

Informe: Adrián Barabino

Cortés, quien es pastora de la congregación Los Hijos del Altísimo que administra el ICEP, negó que el 6 de julio hayan impedido el ingreso al instituto de los funcionarios del Consejo de Educación, para “supervisar todos los aspectos pedagógicos y administrativos requeridos para otorgar el reconocimiento“ como señala la resolución 1690 que dejó sin efecto la subvención.

«Ellos aludían que no podían entrar, es mentira», enfatizó. Contó que ese día se estaban realizando los actos por el día de la Independencia, «estaba la banda del ejército, los niños en acto y las puertas de par en par abierta», precisó la apoderada, «están las fotografías que están siendo elevadas también a la justicia», indicó.

Mostró documentación que acreditaba que habían cumplimentado los requisitos  solicitados, «y los supervisores aprobaron», y aseguró que a raíz de estos informes desde el CPE habían «perseguido» a los tres supervisores, y que «ayer apartaron del cargo a una supervisora».

Pidió a los periodistas que «vayan y entrevisten a la supervisora de privada, Nancy Zúñiga que está en el cargo pero lógicamente amenazada, al supervisor Roberto Murúa, y a la supervisora Florencia Mosso, ellos tienen libros de actas, donde consta que han realizado visitas situadas y en todas han recogido elogios» hacia el establecimiento aseguró Cortés.

Destacó que dos alumnos de la institución han sido seleccionados para las olimpíadas de química y física por su excelencia, «tres chicos pasaron a las nacionales, dos son alumnos nuestros», remarcó.

Denunció que la decisión de suspender la subvención estaba «impulsada por la ADOSAC en complicidad con el Consejo que tiene sus motivos, retuvo dinero, todos sabemos se cortó la obra social, se cortó a los proveedores, hay una crisis educativa, hay una crisis sanitaria,  no hay profesionales, estamos viviendo de rehenes en esta provincia»,  consideró.

Señaló que «el único objetivo que tiene el Consejo ahora es  recuperar los más de mil niños que tuvimos que absorber porque la provincia no les dio respuestas, entonces ellos quieren que vuelvan a la escuela pública donde tampoco les van a garantizar nada», aseveró.

Descartó que los estudiantes del ICEP  vayan a perder el año lectivo, «¿Saben por qué les están diciendo que tienen que inscribirse antes de octubre? porque necesitan ganar secciones y matrículas «, expresó.

Sobre la posibilidad de que la escuela aumente el valor de las cuotas de los 1.100 pesos actuales a 3.800 pesos como trascendió, la apoderada respondió que «la escuela no tiene la respuesta»,  aunque sugirió que sin el subsidio estatal se imponía trasladar los costos al valor de la cuota.

Comparó los costos de otras instituciones las que dijo, cobraban el mismo subsidio estatal y en algunos casos un monto mayor, «el colegio adventista de Caleta Olivia cobra 3.500 pesos y el año que viene 4.800 pesos, y tiene un subsidio del cien por cien, y la provincia les liquida los sueldos, no pagan contador», precisó.

Puso como ejemplo que el ICEP paga a la AFIP 1,5 millones mensuales «de los dos millones novecientos mil pesos que nos dan, y tenemos una masa salarial de tres millones, estamos en un millón ochocientos mil pesos desfinanciados», detalló.

«Acá hay una acción maliciosa, porque no le hemos sido funcional ni al gobierno de Peralta ni a este gobierno kirchnerista que trajo bancarrota, y pobreza,  y pisotea hasta las órdenes de la corte suprema de justicia, qué le va a importar el ICEP», concluyó.