Chacra de Báez en Calafate

Chacra de Báez en Calafate

BUENOS AIRES.- Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron al juez Julián Ercolini el embargo y secuestro de los bienes de la familia Kirchner, Lázaro Báez, y Julio De Vido, entre otros procesados en la causa que investiga el redireccionamiento de la obra pública en favor de Austral Construcciones. Se trata de 145 inmuebles, 42 automóviles, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades. Solicitaron además la apertura de las cajas de seguridad.

La medida alcanza el lote 2 de la manzana 801 de El Calafate, con el que Cristina Fernández pagó a Lázaro Báez la ampliación del hotel Los Sauces, y que al no haber realizado la escritura a favor del empresario actualmente es una de las dos propiedades que figura a nombre de la ex presidenta.

El terreno con que Cristina pagó a Báez y nunca transfirieron

El terreno con que Cristina pagó a Báez y nunca transfirieron

La mayor parte de los bienes de la familia Kirchner está a nombre de Florencia y Máximo Kirchner, ya que el 26 de marzo de 2016 Cristina de los cedió y transfirió a sus hijos, hecho que la justicia investiga si no se trató de una maniobra tendiente a eludir embargos.

Se trata de 25 propiedades, acciones en las firmas Hotesur SA,  Los Sauces SA, y CO.MA. S.A., un vehículo automotor y dinero en efectivo.

Los fiscales entienden que Máximo y Florencia Kirchner «tuvieron un rol central en la maniobra de lavado de activos que permitió canalizar fondos provenientes de la obra pública vial a favor de las empresas familiares, y luego de la muerte de su padre, de su sucesión, la que además era administrada por el propio Máximo Kirchner», destacan.

Las empresas involucradas Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Gotti SA, y Sucesión Biancalani SA.,  constructoras de obra pública vial  «fueron las beneficiarias del esquema de beneficios exclusivos e ilegítimos, toda vez que resultaron adjudicatarias de contratos de obra pública por más de dieciséis mil millones de pesos ($16.000.000.000), monto que, actualizado a agosto de 2016, representa más de cuarenta y seis mil millones de pesos ($46.000.000.000), detalla el dictamen conocido ayer.

Además piden embargar a Lázaro Báez 81 inmuebles, entre casas, departamentos, terrenos, chacras, 4 vehículos y acciones en cuatro empresas.

En el caso de Julio De Vido, el 50% de un departamento en Capital Federal, y dos automóviles, cuentas de ahorro y cajas de seguridad.

José López, tiene 7 propiedades inmuebles, un bote motor, y un automóvil, además de cuentas bancarias.

El ex titular de vialidad provincial, Héctor Garro, con 22 vehículos, entre ellos camiones máquinas viales y vehículos de lujo, es uno de los ex funcionarios con mayor patrimonio.

Carlos Kirchner posee 8 inmuebles y otros tantos automóviles entre los cuales figuran 4 de alta gama, además de una embarcación.

Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Santibañe, Raúl Pavesi, y Mauricio Collareda, son otros ex responsables de vialidad cuyos bienes piden ser embargados.

Casa Báez frente al Lago Argentino

Casa Báez frente al Lago Argentino

El secuestro de los bienes

El ministerio público pidió además el secuestro de los bienes por considerar  indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva” la que estima podría demorar varios meses.

Agrega que «la entrega en depósito judicial que se solicita deviene sumamente conveniente, a la vez que evita que la administración pública deba hacerse cargo del costo de mantenimiento y conservación de los bienes sin recibir a cambio ningún beneficio».

Otro pedido de los fiscales Pollicita y Mahiques es que en el caso del dinero embargado se lo deposita a plazo fijo en una cuenta del banco Nación «renovables automáticamente».

Recuerda que las cuentas de los imputados en la causa se encuentran congeladas por orden judicial desde el 27 de diciembre de 2016, cuando se decretó su procesamiento,  «Desde esa fecha, los saldos que registraban cada una de ellas han permanecido inmovilizados, no devengándose ningún tipo de interés respecto de esas sumas ni aplicándose a ningún destino».

Por tal motivo, la preservación del valor monetario del patrimonio cautelado deviene procedente, sea con el fin de que pueda responder debidamente al posible decomiso a dictarse, sea con el objeto de conservarlo
para su eventual devolución a los acusados en caso de no recaer ese decomiso.