Por Javier Stoessel.-  ¿Se pueden hacer pintadas en los edificios públicos? ¿deben pagar los jubilados 300mil por ello? Así dicho, de modo descontextualizado, la respuesta automática es que quien causa un daño a otro, debe repararlo. Dicho así livianamente, es el objeto de la demanda del gobierno provincial contra algunos jubilados a quienes acusa de dañar edificios públicos.

Pero la demanda trata de otra cosa.

El Gobierno Kirchnerista eligió primero a los empleados Judiciales –a quienes aún no paga parte del aguinaldo- llegando a denunciar penalmente a uno de sus referentes; eligió también a los docentes –con propuesta salarial “cero” y dando de baja 200 cargos; y elige ahora a los Jubilados, quienes reclaman el pago en tiempo y forma de sus salarios. Ni siquiera reclaman aumento, solo que se les pague a tiempo.

Esto no es una demanda por daños. Es una pretensión intimidatoria que busca silenciar el reclamo, dañar y violentar a quienes protestaron para amedrentar hacia adelante; porque es el modo en que gobiernan desde hace más de 27 años en Santa Cruz.

Frente a esta demanda, habría que preguntarse si este grupo era realmente un grupo vulnerable –y sí lo es-, si estaba padeciendo una situación de injusticia por parte del gobierno provincial –y sí la padecía-, y si tenía mecanismos a su alcance para reclamar y hacerse oír –y no los tenía-. ¿Fueron escuchados? ¿fueron recibidos? ¿cuáles fueron las posibilidades efectivas que tuvieron para hacer valer sus derechos? ¿qué pasó cuando decidieron seguir las vías institucionales?; ¿de qué sirvió obtener una sentencia judicial?; ¿recibieron protección sus derechos en Santa Cruz?.

No se trataba de causar un daño. Fue un esfuerzo por ser oídos cuando los mecanismos de hecho fallaron –reiteradas notas, reclamos, marchas y protestas- y cuando las vías institucionales fueron ignoradas por el Estado; porque lo cierto es que se encuentra hoy vigente una sentencia que obliga al pago de salarios del 1 al 7 de cada mes, ignorada por completo por el mismo gobierno, llegándose al absurdo de que un funcionario público golpeó a algunas jubiladas y sus abogadas cuando intentaban notificarle la orden judicial de pago de haberes –funcionario protegido y premiado con un nuevo cargo-. Y este es el contexto del supuesto “daño” por cuya reparación hoy reclama el gobierno Kirchnerista.

Le tocará ahora al Juez analizar si existe daño injusto, sus responsables, la extensión del daño, pero también –expresamente o no- va a expedirse sobre los límites de la protesta social, cuándo y hasta donde un grupo vulnerable a quien se les deniegan derechos básicos puede reclamar por mecanismos de hecho para hacer audible su reclamo, y cuál es la responsabilidad y límite de tolerancia social y del Estado ante el reclamo que parte de la vulneración de un derecho.

La Justicia tiene un deber fundamental: proteger los derechos esenciales de las personas. Se deben proteger todos los derechos, pero cuando una sociedad entre en crisis, y Santa Cruz está en crisis moral y política, como sociedad debemos exigir que se respeten los de los grupos vulnerables, hoy, el de los jubilados, nuevamente violentados por el accionar de quienes ocupan los cargos ejecutivos.