El titular del IDUV, Pablo Grasso fue el primer funcionario del gobierno provincial en defender el pago de $ 3,5 millones al grupo Divididos que actuó en Río Gallegos hace una semana. «Bien pagado está» afirmó el primer candidato a diputado provincial por el Frente de Todos y aseguró que fue una decisión política traerlo para que mucha gente pueda verlo gratis.

En declaraciones a la FM Municipal de Los Antiguos Grasso afirmó: “salieron a criticar por lo de Divididos porque se gastó 3.500.000 y bien gastado está, sabes por qué, porque es una inversión para mucha gente que hoy no puede ni pagar el gas, la luz, no puede llegar a fin de mes y que quiere ir a ver a la aplanadora de rock y no tiene 1500 pesos, y menos 15 mil pesos para pagarse el pasaje a Buenos Aires».

En ese contexto el funcionario remarcó «acá por una decisión política se decidió traerlo, y pudo verlo mucha gente, gratis, incluso quedó gente afuera. Los mismos que nos critican son los que nos quitaron la alegría de los festejos”.

Grasso defendió el pago de $ 3,5 millones pero no explicó el detalle de la contratación, ni tampoco porque se estableció una cláusula en la que al monto fijado se le puede sumar «hasta un 20% en razón de las posibles fluctuaciones en los precios de mercado durante la sustanciación del procedimiento administrativo», según dice la Resolución del Ministerio de la Producción que autoriza el pago.

El pago al grupo musical DIVIDIDOS se realizó de acuerdo al contrato oficial con dinero del Fondo UNIRSE que aportan las mineras por su presentación en la feria Sabores Santacruceños que organizó la Secretaría de la Producción el fin de semana pasado. Durante tres años el Ejecutivo asignó más de mil millones de pesos del fondo UNIRSE y solo certificó ante el Tribunal de Cuentas, el 30 por ciento de eses dinero.

La misma Resolución establece que la contratación de la productora Cuarenta Dibujos S.A. que representa a la banda liderada por Ricardo Mollo, se realizó en forma directa.

Por otra parte, el fondo UNIRSE está en la mira del Tribunal de Cuentas, ya que de los $ 1.070.436.120,30, aportados por las empresas mineras -por fuera de las regalías- durante 2.016, 2017 y 2.018, el gobierno solo rindió el 30% del dinero. Por este motivo en junio el organismo de control intimó al Ejecutivo para que informe el destino y la certificación de esa millonaria suma.