RÍO GALLEGOS.- El gremio docente aún no obtuvo respuestas a la denuncia sobre la contratación irregular de un familiar de la Secretaria de Coordinación Educativa del Consejo de Educación, Norma Benedetto,  sobre la cual el gobierno provincial no dio respuestas.

«Pasan los días y el silencio del CPE sigue siendo el principal cómplice de la indecencia, nos referimos al caso de una familiar de la Prof. Benedetto que se encontraría en condiciones irregulares de trabajo. Seguramente sus funcionarios creerán que con el paso de los días todo se olvida y el supuesto fraude educativo se convierte en rutinario»,  manifestó hoy la ADOSAC a través de un comunicado de prensa.

La familiar aludida es la docente María del Pilar Ardanza, designada en 29 horas cátedra en el INSET (Instituto Superior de Educación Técnica) más 7 horas cátedra, como docente del Plan Fines.

La irregularidad es que la docente no cumple tareas en ninguna de las instituciones mencionadas, ya que reside fuera de la provincia.

Para el gremio esto constituye «malversación de fondos públicos, como asimismo mal desempeño de funcionario público», señalan.

Por este motivo la ADOSAC pidió públicamente la renuncia de la funcionaria, a pesar de lo cual desde el Consejo de Educación no emitieron ninguna respuesta, ni administrativa ni pública.

«Resulta inadmisible que se oculte la información pública con el burdo y contradictorio pretexto de preservar aspectos de índole privados. El argumento del Consejo Provincial de Educación para negar sistemáticamente el acceso al liquidador docente, tiene como principal objetivo garantizar la impunidad y sostener como modus operandi un proceder enviciado por lo deshonesto», remarcan desde el gremio.

«Para el Consejo Provincial de Educación el deber de un funcionario público se reduce a la discrecionalidad. Y es precisamente la profesora Benedetto quien ha sido un estandarte de la persecución y el hostigamiento a los docentes con la complicidad de una gestión educativa inicua. Esa doble moral, por un lado, de “remitirse a la ley y a las condiciones estatutarias” para sancionar a colegas y por la otra, evadir la legalidad cuando se afecta a familiares o amigos, habla de su incompatibilidad moral para el cargo», fundamenta el gremio en el documento publicado hoy.