BUENOS AIRES.- El extitular de la Afip durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray, pidió un puesto en la DGA, salarios y vacaciones no pagadas, y la condecoración por 25 años de servicio. 

El periodista Hugo Alconada Mon, reveló hoy en La Nación que el extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, quien durante su gestión ordenó inspecciones contra empresas y empresarios, productores rurales, inmobiliarias, economistas, un club de rugby y deportistas, políticos, medios de comunicación y periodistas, contra el esposo de una jueza e incluso contra exfuncionarios kirchneristas, ahora dio vuelta el cuadro. Se presentó ante la AFIP como un «perseguido político» y pidió que se revoque su suspensión como empleado del organismo, le restablezcan su salario y se le asigne un cargo jerárquico.

Echegaray,  oriundo de Bahía Blanca, abogado y militante de la UCD, arribó en los 90 a Río Gallegos, durante la presidencia de Carlos Menem y enviado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, a desplazar al titular de la Aduana local, Fulvio Madaro, objetivo que finalmente cumplió. 

Luego hizo pie en la política provincial de la mano de Rudy Ulloa Igor, con quien cofundó, la Asociación Ayudemos a Mamá, una ong sin fines de lucro que se frustró por falta de financiamiento, que se había comprometido a través de un crédito de un banco internacional que finalmente no se otorgó. 

Sin embargo continuó teniendo ascendencia en el círculo de Rudy Ulloa, con quien trabajó en el Centro Comunitario del Carmen donde el ex cadete de Néstor Kirchner era Director.

Por esos años Néstor Kirchner gobernaba la provincia, y su hermana Alicia era ministro de Asuntos sociales.

Echegaray asesoró a Rudy en el lanzamiento del conglomerado FM del Carmen, y su señal de televisión que luego se transformó en lo que hoy es Canal 2 producciones, la señal local de Supercanal SA. 

Echegaray se encuentra procesado en múltiples investigaciones judiciales instruidas por cinco jueces. Por presunto encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público para proteger a Lázaro Báez en Bahía Blanca, según dispuso el juez federal Sebastián Casanello. También, por presunto contrabando agravado, según firmó el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante. Por supuesto abuso de autoridad en el «caso Ciccone», de acuerdo al fallo del juez federal Ariel Lijo.

Dice Alconada Mon: «Echegaray se sumó así a la lista de actuales y exfuncionarios que, liderados por la vicepresidenta Cristina Kirchner, se presentan víctimas de un supuesto «lawfare», una contracción de dos palabras en inglés «law» («ley») y «warfare» («guerra»). Es decir, el uso de las leyes como un instrumento de guerra».

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