El Consejo Provincial de Educación y la política educativa durante la cuarentena

El día después de la crisis sanitaria y el aislamiento social obligatorio, es probable que el gobierno de Alicia Kirchner comunique el “éxito” de su política educativa durante la cuarentena apelando al uso que establecimientos, docentes y alumnos hicieron de la educación a distancia. ¿Pero cuanto habrá de verdad y cuánto de oportunismo en una provincia donde menos del 40% de los chicos tienen en sus hogares conectividad fija a internet?

Por Angel Serra – Periodista y docente.

Moodle; Blended; Canvas; Google Classroom; Fígaro; Jitsi; Zoom; Meet; plataformas de E-Learning; LMS´s. ¿Cuántos de estos nombres tuvimos que aprender casi de apuro los maestros santacruceños a partir del cierre de las escuelas durante el transcurso de la cuarentena vigente y el aislamiento social obligatorio decretado el pasado 19 de marzo?

En la provincia donde los maestros cobran a destiempo y en cuotas sueldos por debajo de la línea de pobreza; donde desde hace años no hay aumentos que equiparen los ingresos al costo de vida; donde las paritarias son sistemáticamente boicoteadas o ninguneadas por la propia autoridad educativa; donde los trabajadores de la educación y sus gremios son tratados como enemigos; donde en invierno con temperaturas bajo cero falta calefacción o las calderas explotan, en esa provincia, el Consejo Provincial de Educación conmina a los docentes a ingresar en forma acelerada al fabuloso mundo de la educación digital y los entornos virtuales de aprendizaje.

Pero como la única verdad es la realidad, habrá que decir que el gobierno de Alicia Kirchner hizo bien poco desde diciembre de 2015 a esta parte por capacitar a los docentes y formarlos en ese tipo de entornos. Por proveerlos tanto a ellos como a las escuelas de Santa Cruz de gabinetes de informática y computadoras con acceso a internet y a las declamadas “TIC´s” (tecnologías de la información y la comunicación), de las que todos los funcionarios con discurso “progre” se llenan la boca, pero para las cuales en la práctica jamás hay presupuesto disponible.

De manera que en la era de las pizarras digitales interactivas y la enseñanza a distancia, los maestros santacruceños se manejan todavía presencialmente, con tizas y pizarrones de madera, al igual que lo hacía Sarmiento hace más de un siglo. Y no porque se nieguen al uso de esas tecnologías, sino porque el Estado mismo no se las suministra, ni les provee formación útil para utilizarlas. Ni a ellos ni a sus alumnos.

La educación en Santa Cruz padece las políticas de una conducción esquizofrénica: que exige a los docentes enseñar aquello que nunca se les ha enseñado; que impone a la fuerza medidas voluntaristas, casi delirantes, para una comunidad que carece de las condiciones estructurales mínimas que puedan garantizar su cumplimiento.

Alejadas de una realidad que les resulta desconocida, las autoridades educativas provinciales viven aisladas en su propio mundo. Por desgracia, el cierre de los establecimientos a consecuencia de la crisis sanitaria disparó esa patología hasta el paroxismo.
La falta de interés y el nivel de incertidumbre que maneja el Gobierno provincial sobre el asunto es alarmante a punto tal, que hace pocos días la diputada Nadia Ricci (UCR) denunció que recién ahora (fin de abril) el Consejo pidió a los directivos «culminar el relevamiento de conectividad de los estudiantes de Santa Cruz» para saber la verdadera situación en que se encuentra la provincia.

En ese sentido, los datos de la Cámara Argentina de Internet del segundo semestre de 2019 son incontrastables: Santa Cruz es una de las tres provincias argentinas donde la red tiene menor densidad: apenas 36 conexiones fijas por cada 100 hogares. Esta bajísima tasa de acceso sólo es superada por Catamarca (30,9%) y Formosa (30,10%). La provincia se ubica 20 puntos por debajo del promedio nacional de 56,1% de conectividad por acceso fijo. Y ni siquiera hablamos de velocidad o ancho de banda. Hablamos de que el 64% de las familias santacruceñas carece de conectividad.

El resultado no puede ser otro que el posible, el esperable: educadores superados por la situación, que trabajan hasta entrada la madrugada en sus casas; muchas más horas y por la misma paga. Que se autocapacitan solos en ausencia del Estado. Maestros que deben convertirse en tutores de tecnologías que recién comienzan a emplear. Que evacuan y responden dudas. Que orientan en medio de la confusión. Que deben transformarse de golpe y porrazo en promotores de educación a distancia por imperio de las circunstancias y que aún así, pese a todos los obstáculos y limitaciones, lo hacen del mejor modo pero sabiendo que no alcanza.

Desde el CPE y las direcciones de nivel se requiere de los docentes preparar clases en soporte de video, archivos de audio, tutoriales explicativos. Se les pide dominar en tiempo récord herramientas y recursos multimediales diversos para los cuales no se los formó nunca. En suma: nuestros docentes están entrando a la era digital por la ventana.

Bastaría una sencilla pregunta para dejar la situación en evidencia: “¿A cuántas capacitaciones obligatorias sobre herramientas de aprendizaje en entornos virtuales organizadas por el Consejo de Educación asistió en los últimos dos años?”, “¿4, 5, más de 5?”. Semejante cuestionario carecería de sentido en nuestra provincia y a más de un maestro le arrancaría una risa forzada, no sin un dejo de amargura.

La virtualidad al palo

Está comprobado que delirio y cinismo no se llevan bien ni con el sentido común ni con la realidad. Sin embargo, llegados a este punto, las autoridades del CPE crearon una sociedad santacruceña virtual en la que niños, adolescentes y jóvenes acceden por igual y sin inconvenientes a los beneficios de la educación a distancia.

En esa sociedad inexistente, todos los estudiantes de la provincia tienen en su hogar una computadora, o al menos algún dispositivo electrónico con acceso a internet. También una impresora en la que imprimir tareas que los maestros dejan en la virtualidad de la red o, en su defecto, dinero para ir al centro de copiado y pagar esas impresiones.

Padres e hijos, dominan sistemas operativos, programas y recursos informáticos varios; pueden enviar y recibir correos electrónicos o ingresar en cualquier momento, sin impedimentos de ningún tipo, a plataformas educativas montadas en la nube y ser ayudados y orientados por sus tutores virtuales. La realidad, de puro porfiada que es, indica que ni en la Argentina ni en Santa Cruz esa sociedad tiene lugar muy a pesar de lo que la señora Velázquez imagine o crea.

Los maestros de tiza y pizarrón de nuestra provincia lo saben. Porque a diferencia de los funcionarios de la gobernación no son cínicos ni deliran. Y porque todo el tiempo viven y sufren la misma realidad que sus pibes.

Por eso, se indignan cuando desde el CPE se los quiere hacer partícipes de una puesta en escena con anuncios rimbombantes de supuestas “aulas virtuales” que saben destinadas al fracaso para una parte significativa de sus estudiantes que no podrán siquiera ingresar a ellas. Porque, para decirlo claramente y de una vez por todas, no es cierto que todos y ni siquiera la mitad de nuestros alumnos tengan acceso a este tipo de tecnologías.

Hablar de educación a distancia implica el cumplimiento de una primera condición material: disponer de conectividad. Desde luego, esta condición es necesaria, pero no suficiente para que el estudiante pueda superar los múltiples escollos que supone la alfabetización digital. Habrá otros de índole familiar, social, cultural. Pero lo cierto, es que sin acceso a la web no podemos siquiera empezar a hablar de aprendizaje en entornos digitales.

¿Tienen nuestros pibes y sus familias acceso a la red informática? ¿Cuántos sí y cuántos no? ¿Cuál es la calidad y ancho de banda de ese tipo de accesos? ¿Cómo y cuantas veces acceden? ¿A través de qué dispositivos? ¿Son esos accesos restringidos o ilimitados? ¿Sirven o son adecuados los dispositivos que nuestros chicos o sus familias usan para impartir procesos de aprendizaje a distancia?

Y aún asumiendo la hipótesis de máxima, de que cada familia disponga de una PC con conectividad para acceder a actividades en línea, ¿cuánto tiempo requerirá de esos niños o adolescentes el aprendizaje de una nueva plataforma con sus correspondientes procedimientos y rutinas de trabajo?

¿Es lógico asumir como premisa válida que la totalidad de nuestros chicos poseen destrezas específicas para empezar a operar en pocos días ventanas, barras de desplazamiento, menúes y líneas de comandos? ¿Todos podrán descargar archivos desde sus celulares, abrirlos, editarlos, arrastrarlos y soltarlos, copiarlos y pegarlos o guardarlos en carpetas y direcciones específicas en la nube?

¿Tendrán en sus familias adultos que acompañen y puedan manejar navegadores, procesadores de texto, planillas de cálculo, editores de imágenes? ¿Podrán esos mismos adultos diferenciar un archivo de texto, de un documento no editable con extensión .pdf?

¿Se tendrá en cuenta que al menos la mitad de la población mayor de 18 años en Santa Cruz no pudo terminar la escuela secundaria y que, por lo tanto, muchísimas familias no podrán ayudar ni acompañar a sus hijos en dicho proceso?

¿Será lo mismo interactuar desde una computadora de escritorio que desde un teléfono celular? ¿Qué pasará con los pibes que sólo dispongan de acceso a través de una tarjeta de prepago y dependan de un adulto para cargar crédito? ¿Qué pasará con aquellos que ni siquiera tengan celular? ¿Qué plataformas gratuitas o “sistemas de gestión del aprendizaje” serán los más adecuados en función de las diversas etapas evolutivas que conlleva cada nivel de enseñanza o a partir de las particularidades de cada grupo o comunidad escolar?

Esta podría ser una muestra elemental de preguntas que la autoridad educativa debiera haberse efectuado, no ahora que estamos en medio de la debacle sino mucho antes de implementar cualquier política que en el corto o mediano plazo pretenda complementar (o reemplazar al menos temporalmente) la presencialidad en las aulas con sistemas de aprendizaje en línea.

Lo que tenemos, en cambio, es una sucesión de medidas improvisadas y exigencias incoherentes. Que pretenden que estudiantes primarios y secundarios que apenas han comenzado a utilizar un procesador de texto por falta de gabinetes de informática en sus escuelas, dominen en el transcurso de una o dos semanas complejos entornos de aprendizaje virtual para los cuales no disponen ni de dispositivos adecuados, ni de conectividad suficiente, ni de las competencias mínimas que garanticen a partir del manejo de esas herramientas la incorporación exitosa de conocimientos nuevos.

En medio de una videoconferencia, el directivo de un instituto terciario se sincera y rendido ante la evidencia comenta a sus docentes: “Cuando un alumno no tiene dispositivos apropiados ni conectividad, la modalidad educativa no presencial se vuelve imposible. Lamentablemente, no está entre nuestras posibilidades el dar respuesta a este tipo de cuestiones estructurales; con lo cual es probable que a pesar de nuestros esfuerzos, en los próximas días, el nivel de deserción suba”.

Hace pocos días, una escuela secundaria de El Calafate realizó un relevamiento muestral de 90 estudiantes provenientes de sectores populares para saber qué posibilidad tenían de encarar algún tipo de formación a distancia. Los resultados fueron reveladores: 56% no cuenta con PC en sus hogares. Para el 44% restante que sí tiene computadora, ninguno de esos dispositivos dispone de conectividad a internet.

El 70%, no obstante, posee telefonía celular con posibilidad de acceso a la web; pero ese acceso en la práctica totalidad de los casos resulta ser de baja calidad y discontinuo debido a que los chicos dependen casi siempre de un mayor para la recarga de saldo. Y hablamos de la localidad con índices de desarrollo humano y calidad de vida más elevados de Santa Cruz.

En este contexto de desigualdad, sostener que la provincia está instaurando la educación a distancia resulta poco menos que un dislate. Afirmar, en cambio, que el CPE acompaña a los docentes en medio del aislamiento domiciliario “para que puedan dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje” , suena lisa y llanamente a burla.

Es imprescindible echar por tierra el mito de que la virtualidad es inclusiva. No lo es. Más bien, ocurre lo contrario: expande aún más la brecha entre los que tienen y los que no. Finalmente, para acceder hay que tener. Hay que tener conectividad plena; hay que tener dispositivos electrónicos adecuados; hay que tener PC portátil o de escritorio y una impresora en cada casa; hay que tener un Estado comprometido y activo que equipare las asimetrías sociales y regionales; una escuela que enseñe y oriente y una familia que no dependa de la asistencia pública para llegar a fin de mes. Sin eso habrá resoluciones absurdas, mucha declamación y comunicados de prensa para los medios amigos, pero difícilmente tendremos inclusión ni procesos de aprendizaje valiosos y de calidad.

40 mil chicos en el ojo de la pandemia

Pero para cerrar el círculo del relato y agravar el estado terminal de la educación santacruceña faltaba un disparate más, el último: la Resolución 612 del CPE del pasado 24 de abril. Una medida “de excepcionalidad” que obliga a las escuelas secundarias a “garantizar la promoción” (en buen criollo: a aprobar y hacer pasar de año a como dé lugar) a todo aquel estudiante que estando en cuarentena en su casa adeude siete o más módulos de materias. Y esto aún cuando el alumno “no alcanzara las expectativas académicas”.

En resumen, a falta de verdaderas políticas de inclusión la Resolución 612 es el instrumento legal que permitirá pasar de año a miles de estudiantes que quedarán fuera de la modalidad virtual durante el tiempo en que las escuelas estén cerradas. Ninguna ficción puede causar mayor daño a nuestros chicos que esta. Se trata de un disparo a los pies; de una hipoteca al futuro.

Poco importa si casi la mitad de los pibes quedan sin posibilidad de ingresar desde sus casas a las pregonadas “aulas virtuales” por falta de acceso. Poco importa si aprenden mucho o poco o si no lo hacen. Lo único que importa es que el relato de la virtualidad cierre y si para ello el CPE debe mentir o apelar a medidas “excepcionales” entonces, simplemente lo hace.

Hace pocos días, su presidenta cometió la imprudencia de afirmar en una entrevista que “hay alrededor de 3 mil estudiantes en toda la provincia que no pueden acceder a esta modalidad por problemas de vulnerabilidad socioeconómica o porque no cuentan con las herramientas como dispositivos tecnológicos o conectividad”.

La falsedad de la cifra es tan grosera que cuesta creer que la licenciada Velázquez desconozca el dato de que 41 mil familias solicitaron del Estado nacional el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 en menos de dos meses (marzo / abril). Traducido a números se trata de 160 mil santacruceños que, coronavirus y aislamiento social mediante, no pueden llegar a fin de mes ante la falta acuciante de ingresos. O en otras palabras: son pobres.

Asumiendo que en cada una de esas familias haya un estudiante tendríamos un estimativo razonable de 40 mil chicos imposibilitados (o al menos con severas dificultades) de acceder a conectividad por falta de ingresos. Se trata del 43% de la matrícula total de alumnos que asisten a establecimientos de gestión pública en toda la provincia.

La cifra podría ser incluso mayor, si se contemplara parte de la población de estudiantes que asisten a escuelas privadas. Demás está decir que pocos de esos niños, adolescentes y jóvenes estarán en condiciones de dar continuidad a sus estudios a través de plataformas de educación virtual mientras los padres transitan la desesperación de no saber cómo pagarán el alquiler o la incertidumbre de si podrán o no procurar el alimento de sus hijos.

A pesar de lo anterior y a sabiendas de todas y cada una de las falencias estructurales que existen desde mucho antes de declararse la pandemia de Covid-19, el CPE está obligando a los docentes a impartir contenidos nuevos; a evaluar y a realizar “seguimiento y retroalimentación de tareas” (!) que en buena parte de los casos nunca van a llegar a destino.

Y lo más grave: obliga a los docentes a aprobar alumnos a partir de contenidos que difícilmente hayan sido internalizados o aprendidos con las escuelas cerradas. Todo en medio de una crisis sanitaria, económica y social que no registra precedente a escala global desde la pandemia de gripe de 1918 y para la que es necesario remontarse hasta 2001 si hablamos de nuestro país.

De este modo, se empieza a construir el edificio por la azotea, sin siquiera haber fundado los cimientos. Una ficción maravillosa, la de la continuidad a través de la educación digital inclusiva “para todos y todas”, que abandonará a su suerte a buena parte de nuestros pibes y de la que se pretende hacer cómplices a todos los maestros de Santa Cruz.