RÍO GALLEGOS. –  La diputada nacional, Roxana Reyes, pidió al intendente Pablo Grasso, que transparente el proceso de privatización de la Planta de Tratamiento de Residuos recientemente concesionado sin licitación a una firma sin experiencia en la materia. Dijo que esta decisión tiene implicancias en la salud pública, «ya que la empresa va a manejar residuos venenosos y peligrosos». Recordó que en San Julián la planta de residuos la opera el personal municipal.

La legisladora Roxana Reyes cuestionó el proceso de privatización a través del cual el municipio de la capital provincial concesionó en forma directa el manejo de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. La empresa que operará la Planta fue inscripta hace un año y no registra experiencia en la materia.

«Resulta increíble que el Intendente piense que no debe dar a conocer la capacidad financiera y técnica de la empresa siendo que van a tener a cargo el manejo de residuos venenosos y peligrosos, por lo que «esta medida tomada de manera arbitraria tiene implicación en la salud pública”, advirtió Reyes.

“Debemos fortalecer la transparencia en el Estado con la implementación de un sistema de contrataciones públicas que garantice el cumplimiento de los compromisos que la comunidad política establece: la satisfacción de los derechos de los individuos y el mantenimiento mismo del sistema democrático», manifestó Reyes en una nota dirigida al intendente, Pablo Grasso. 

El 14 de julio el intendente Grsso concretó la privatización del manejo de la Planta de reciclado de residuos sólidos, en favor de la firma Nueva Santa Cruz, creada hace un año. El municipio no informó sobre los montos y plazos de la concesión que se otorgó sin licitación en el marco de la Emergencia Sanitaria.

El contrato establece que serán los propios trabajadores municipales quienes «asesoren» a los nuevos empleados de la firma privada. Grasso agradeció a los municipales «por haber puesto el hombro».

«Grasso debería seguir el ejemplo del municipio de San Julián donde la planta la maneja el personal municipal y el producido se vende y queda como un plus para los empleados” concluyó la legisladora.

Le recordó que «tiene la obligación de brindar información socialmente relevante a los vecinos sobre cuál fue el marco jurídico por el que se concretó la concesión, si se hizo licitación pública y por qué tomó esta decisión».

La información que requiere la diputada surge en base a que el municipio de Río Gallegos se limitó a difundir que este convenio se da en el marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 pero no hizo públicas las condiciones sobre las que se firma la concesión con una empresa constituida hace apenas un año.

“¿Qué tranquilidad puede tener la comunidad si de un día para el otro le informan que la planta de reciclaje la van a manejar personas sin experiencia en el tema?» cuestionó.

Por otro lado, Reyes le solicita al Intendente que detalle qué recursos humanos pone el municipio a disposición de la empresa, cuál es la estructura de costos para la municipalidad y si la empresa brindará alguna contraprestación por el uso de las instalaciones municipales o si el costo lo afrontará la comuna.

En ese sentido, la Diputada radical propone que se capacite a los empleados públicos de la municipalidad en materia de conciencia socioambiental y gestión de residuos a través de un programa de formación adecuado, y que se produzcan fardos compactados de materiales recuperados logrando así minimizar el impacto negativo de la basura en el ambiente generando una oportunidad para mejorar el desarrollo económico de la localidad y/o el equipamiento para la recolección y gestión de los residuos.