polis en indu Los vocales por la educación pública, y privada, en el Consejo Provincial de Educación enviaron nota al Presidente del organismo, profesor Roberto Borselli, responsabilizándolo por la intervención policial en las escuelas. «Ante las decisiones políticas adoptadas y que no hacen más que profundizar la situación de conflicto con personal dependiente de este organismo que llevan adelante medidas de fuerza resueltas por el gremio ATE, nos dirigimos a Uds. a los fines de insistir en que se desista de intimar a los equipos directivos, como si fueran ellos en quienes debe recaer la responsabilidad de llevar adelante acciones que son ajenas a las vías jerárquicas del sistema educativo. La repercusión de esta nefasta política ha llegado al extremo de generar la intervención de las fuerzas especiales en la escuela N 73 de El Calafate y en horario escolar los niños han sido testigos de la militarización de la institución, con agentes armados transitando a la vista de todos. Repudiable hecho, con posibilidad de consecuencias que tengamos que lamentar. Si estas situaciones son el reflejo de la paz que pretende la Sra. Gobernadora, creemos que tendría que investigar sobre el significado de las palabras que utiliza en sus mensajes a la comunidad. Surge claramente que la intención es socavar el paro de ATE y nuevamente pretenden involucrar a los equipos directivos en este camino de confrontación y nos preguntamos: ¿Cuándo será el día en que el poder político y sus funcionarios se hagan cargo de la responsabilidad que asumen cuando toman estas decisiones y dejan de trasladarle el problema a las instituciones escolares? Porque finalmente, polis escuelaSr. Presidente, Sra. Vicepresidente, los docentes de carrera siguen su tarea y son pasibles de sanciones, mientras que los funcionarios políticos por más irregularidades que cometan, por no utilizar un término soez, cesan o renuncian a sus cargos sin que rindan cuentas absolutamente de nada. En virtud de la determinación política manifiesta, que solo persigue el ajuste y la represión contra trabajadores que reclaman por una mejor calidad de vida, manifestamos nuestro absoluto rechazo a lo decidido por el Poder Ejecutivo y será éste el responsable de lo que pudiera acontecer. Si no revierten esta osadía pues que sean los cargos políticos los que asuman las exigencias improcedentes y no pongan en el medio a los Directivos y Supervisores, que bastante van a tener que lidiar y armonizar luego que el conflicto se solucione, ello en razón de las erradas medidas que tomó este gobierno, que no ha hecho otra cosa que destruir internamente las interrelaciones entre los distintos integrantes de las comunidades educativas. Que se hagan cargo de las medidas políticas los Directores de Nivel y Modalidad. A saber: M.Cristina Miranda, Marcela Guerrini, Mónica Biott, Reyna Salomón,Fabiana Alfonso, Rodrigo Gojan; los vocales representantes del Ejecutivo Ismael Enrique, Horacio Pérez Osuna; los Secretarios de Coordinación Administrativa y Pedagógica Mónica Ochoa y Damián Zagdansky ;los Directores Regionales y deslinden de una carga que no es de incumbencia, en este contexto, de los directivos de las instituciones escolares. Cabe acotar que la Resolución 1572/16, ratificando el comunicado de fecha 23 de junio ppdo., no se ajusta a ninguna legislación vigente, toda vez que el presidente de este organismo adolece de facultades para emitir una norma de estas características y pretende legalizar bajo un instrumento, una medida que colisiona con la legislación laboral, y atenta contra los alcances y resguardos que determinan la responsabilidad civil y penal dentro de las instituciones escolares, entre ellas las referidas a riesgo de trabajo al autorizar el ingreso de personas que no se encuentran convencionadas y que no tienen ningún tipo de contrato laboral para desempeñar esa tarea, ello en cuanto a la cobertura de seguros. La medida es ilegal y es extremadamente riesgosa, ya que ni siquiera el ISPRO está en condiciones de garantizar ninguna cobertura ni para los padres ni para los directivos en cuanto a su responsabilidad civil, en razón que esta decisión política excede el marco regulatorio del seguro , porque no existe ningún tipo de póliza o cobertura con un persona común que pretende desarrolla una actividad laboral, tal sería el caso de los padres, cuya única vinculación con el Estado es solamente que su hijo va a la escuela. Por todo lo expuesto, volvemos a reiterar nuestro pedido que el Consejo desista de la aplicación de este instrumento ilegal y deslindamos a los cuerpos directivos y Supervisores de la provincia, de toda responsabilidad civil y penal, ante cualquier circunstancia que pudiera ocurrir, de persistir el C.P.E. con este tipo de acciones políticas. Atentamente. Norma Alejandra Moralejo Pedro Muñoz Vocal Escuelas Privadas Vocal Escuelas Públicas Nota Nº 028/16