JoaquiRIO GALLEGOS.- Dos mujeres jubiladas con papel y lapicera, tesón, y una cuota de indignación, salieron a la calle recorrieron ministerios, los supermercados, y las oficinas públicas, y juntaron mil firmas para pedir el cese de la intervención de la Caja de Servicios Sociales, la obra social estatal. Se trata Joaquina Avendaño y Clarisa Díaz ambas jubiladas estatales que decidieron por propia voluntad encarar esta campaña que ahora le pusieron un punto al entregarle al vicegobernador Pablo González y a la gobernadora Alicia Kirchner mil firmas para que se aplique la ley 364 que establece el funcionamiento de la CSS. La Obra Social está intervenida desde la primera gobernación de Néstor Kirchner a comienzos de los noventa. Los trabajadores no tienen sus representantes en el directorio, no hay acceso a sus números ni a sus balances, y hoy pesa sobre el organismo una investigación por el manejo fraudulento de más de $450 millones, que fuera corroborado por el Tribunal de Cuentas, a pesar de lo cual el Tribunal Superior falló contra los denunciantes. Detrás de cada una de las firmas hay una historia. Y a esas  historias le pusieron la oreja estas mujeres que decidieron convocar a los estatales detrás de un reclamo histórico para que la obra social se democratice, integre a su administración a los afiliados que con su aporte financian la Caja, y de este modo poner fin a una deficiente prestación del servicio. “La gente quiere su obra social, quiere que funcione, la gente firmaba y nos contaba su historia, hay muchas pero muchas personas que realmente hay tenido problemas con la Caja”, relata Joaquina Avendaño a Winfo Santa Cruz que encaró la campaña junto a su amiga Clarisa. “Mi amiga empezó primero, ella iba a los supermercados, un día nos encontramos y me sumé yo a seguir juntando firmas”. Y juntaron mil. Joaquina Avendaño trabajó en el ministerio de Gobierno y su últimos años en la Caja de Previsión. Trabajó 28 años y se jubiló como marca la ley jubilatoria provincial. Cuenta que por suerte nunca debió usar mucho la obra social, pero la dura enfermedad de su hermana, la movilizó. “Ella tenía cáncer, le pusieron muchas trabas para la derivación, gestiones que encararon mis sobrinos, que faltaba esto, que faltaba lo otro, que tal o cual papel, que al avión sanitario estaba roto, cuando alquilaron el avión, ella se descompensó. Creo que si hubiera llegado a tiempo a a Buenos Aires quizás se hubiera salvado”, relata Joaquina, quien perdió a su hermana hace poco. Así como ella, cuenta que toda la gente que se le acercó a firmar tenía detrás una historia para contarles del mal funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales. “Lo hicimos porque queríamos aportar y sumar algo a lo que otra gente está haciendo”, comenta. “Queremos que la obra social que funcione, que cese la intervención, en nuestra nota que llevamos a la gobernadora le explicamos lo que hoy sufre la gente”, detalla la mujer que sin estructura, apenas con mucha voluntad y decisión encaró junto a su amiga una campaña por todos los afiliados de la obra social. En la legislatura provincial, solamente en 2016 diputados del bloque UPVM presentaron 7 proyectos pidiendo por la normalización de la Caja de Servicios Sociales, conocer la cantidad de afiliados, el movimiento de las finanzas del organismo, se solicitó además la presencia en la Cámara del interventor, Leandro Zuliani, en ningún caso el Frente para la Victoria acompañó estos proyectos avalando la actitud de la administración de Alicia Kirchner de no brindar información sobre la obra social.