actualidad.La denuncia por facturas apócrifas que pesa sobre la presidenta del Consejo de Educación
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RIO GALLEGOS.- La actual presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez debe responder ante la justicia por una denuncia penal que la Oficina Anticorrupción presentó en su contra por constatar facturación apócrifa por $3.3 millones durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Veláquez, maestra jardinera de profesión, fue la jefa de Gabinete de Asesores del ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner entre 2007 y 2015. Una larga relación la une con la hoy gobernadora, manifestada en el abrazo sentido que se dieron cuando asumió frente al Consejo Provincial de Educación.
Una auditoría interna ordenada para la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley detectó que Velázquez “se habría excedido en las facultades otorgadas por su mandato perjudicando de forma evidente el patrimonio del Estado”, y detalla que “cada expediente administrativo de las jornadas deportivas y recreativas posee un informe final de rendición del evento correspondiente donde la Sra. Velázquez da cuenta que los servicios fueron efectuados en tiempo y forma”.
Técnicamente la denuncia por la que debe responder la actual responsable de la Educación de Santa Cruz la responsabiliza de defraudación contra la administración pública, por una cifra millonaria, detectada tras el análisis de los fondos rotatorios y las cajas chicas, en el período entre julio y diciembre de 2015.
Allí se da cuenta de irregularidades en las rendiciones de gastos, como el uso de facturas apócrifas o adulteradas, por $3.327.740, sólo en ese período. La cifra, que puede resultar baja si se tiene en cuenta que el ministerio controlaba miles de millones de pesos anualmente, representa el 40% del total analizado sobre los fondos destinados a “Eventos y Jornadas Sociales”.
La Oficina Anticorrupción considera que de la auditoría se desprende claramente que, si las facturas eran apócrifas y los servicios no fueron prestados por los comercios que supuestamente se contrataron, “existe un lucro indebido en clara contraposición de los deberes e intereses que le fueron legalmente confiados" y consideran “prueba suficiente para sospechar que la Sra. Velázquez, sería responsable de las conductas ilícitas que fueron ventiladas en el Informe de Auditoría N° 6/2016, debiendo responder por su actuar irregular”.
Por esta razón, Laura Alonso representante de la Oficina Anticorrupción denunció ante la justicia en los términos del articulo 175 del Código Procesal Penal a Velazquez.
RIO GALLEGOS.- La actual presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez debe responder ante la justicia por una denuncia penal que la Oficina Anticorrupción presentó en su contra por constatar facturación apócrifa por $3.3 millones durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Veláquez, maestra jardinera de profesión, fue la jefa de Gabinete de Asesores del ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner entre 2007 y 2015. Una larga relación la une con la hoy gobernadora, manifestada en el abrazo sentido que se dieron cuando asumió frente al Consejo Provincial de Educación.
Una auditoría interna ordenada para la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley detectó que Velázquez “se habría excedido en las facultades otorgadas por su mandato perjudicando de forma evidente el patrimonio del Estado”, y detalla que “cada expediente administrativo de las jornadas deportivas y recreativas posee un informe final de rendición del evento correspondiente donde la Sra. Velázquez da cuenta que los servicios fueron efectuados en tiempo y forma”.
Técnicamente la denuncia por la que debe responder la actual responsable de la Educación de Santa Cruz la responsabiliza de defraudación contra la administración pública, por una cifra millonaria, detectada tras el análisis de los fondos rotatorios y las cajas chicas, en el período entre julio y diciembre de 2015.
Allí se da cuenta de irregularidades en las rendiciones de gastos, como el uso de facturas apócrifas o adulteradas, por $3.327.740, sólo en ese período. La cifra, que puede resultar baja si se tiene en cuenta que el ministerio controlaba miles de millones de pesos anualmente, representa el 40% del total analizado sobre los fondos destinados a “Eventos y Jornadas Sociales”.
La Oficina Anticorrupción considera que de la auditoría se desprende claramente que, si las facturas eran apócrifas y los servicios no fueron prestados por los comercios que supuestamente se contrataron, “existe un lucro indebido en clara contraposición de los deberes e intereses que le fueron legalmente confiados" y consideran “prueba suficiente para sospechar que la Sra. Velázquez, sería responsable de las conductas ilícitas que fueron ventiladas en el Informe de Auditoría N° 6/2016, debiendo responder por su actuar irregular”.
Por esta razón, Laura Alonso representante de la Oficina Anticorrupción denunció ante la justicia en los términos del articulo 175 del Código Procesal Penal a Velazquez.