RÍO GALLEGOS.-El presidente de Servicios Públicos, Lucio Tamburo, fue denunciado penalmente por “desobedecer la medida cautelar vigente que suspendió el aumento de tarifas desde el 10 de abril”. El funcionario había manifestado ante la prensa que “volvió todo a foja cero” y adujo tener “las manos libres para establecer el cuadro que teníamos establecido”.
El impulsor de la denuncia contra el responsable de Servicios Públicos, es el dr Javier Pérez Gallart, quien a comienzos de marzo presentó un recurso de amparo y una medida cautelar para frenar el aumento de tarifas llevado adelante por la empresa de energía, en representación de la diputada provincial de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán.
Para la diputada, quien sigue de cerca el trámite judicial, se trata “de una nueva falta de respeto del gobierno a las instituciones por un lado, al desconocer una medida judicial, y al pueblo de Santa Cruz por el otro.
"Desde un primer momento cuestionamos este tarifazo brutal e insensible, más aún en este contexto tan difícil que atravesamos en Santa Cruz”, agregó la legisladora.
Tamburo dijo tener "las manos libres".
“El presidente de Servicios Públicos nos sorprendió cuando días atrás declaró ante la prensa que tenía las manos libres para volver a aplicar el aumento de tarifas. Esto no es así en absoluto: la medida cautelar que ordenó la suspensión del nuevo cuadro tarifario está vigente y nunca fue cuestionada por Servicios Públicos ante los estrados judiciales”, explicó Pérez Gallart.
“Tamburo está incurriendo en el delito de desobediencia, está desconociendo una resolución de la justicia que nunca cuestionó. La Cámara de Apelaciones sí aceptó un recurso de queja presentado por la empresa, donde se cuestionan toda una serie de puntos resueltos por el juez Andrade en primera instancia. Pero Servicios Públicos allí no cuestiona la medida cautelar que suspendió el aumento de las tarifas”, detalló el abogado.
En el texto de la denuncia penal, el abogado y presidente de Encuentro Ciudadano incluye las declaraciones periodísticas del presidente de Servicios Públicos reproducidas el 17 de mayo en un matutino local (La Opinión Austral) y realizadas a LU14 Radio Provincia. Allí el funcionario declara que “las facturas que salen a distribución en los próximos días, salen con el nuevo cuadro tarifario porque la Cámara suspendió todo el proceso desde el día uno”.
Tamburo también afirma que “volvió todo a foja cero” ya que la Cámara de Apelaciones “suspendió todo y por lo tanto nosotros tenemos las manos libres para establecer el cuadro que teníamos establecido”.
En el escrito, Pérez Gallart afirma que “los caprichos de Tamburo, no solo tienen consecuencias sociales que deben padecer el conjunto de los usuarios, tarifazo mediante, sino tienen consecuencias penales y así deben ser juzgadas”.
Considera además que “es claro” que Tamburo “tenía conocimiento de la orden judicial que le imponía retrotraer las tarifas residenciales a partir del 10 de abril del presente año, y sin perjuicio de tener pleno conocimiento opta por desobedecer esta manda judicial”.
Tanto Mestelán como el Dr. Pérez Gallart afirmaron que “seguirán de cerca todas las instancias judiciales para intentar frenar tanto el tarifazo como el atropello institucional de este gobierno”.
Tamburo, ex mano derecha de De Vido y José López
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José Tamburo junto a José López, ambos imputados por obras inconclusas y con sobreprecios[/caption]
El actual presidente de Servicios Públicos, está imputado por el Fiscal Carlos Stornelli ante el Juzgado Federal de Capital Federal a cargo del Dr. Luis Rodriguez, por el supuesto delito de defraudación contra el Estado Nacional junto a Julio De Vido, y José López.
Es por su rol al frente del Enhosa, y por obras realizadas en la provincia de Tucumán.
Trabajos inconclusos y abandonados; sobreprecios; fondos sin rendir, y la acreditación de montos superiores a los previstos. Un sistema paralelo para beneficiar a determinados municipios y comunas. Estas y otras presuntas irregularidades relacionadas con la implementación del plan Más Cerca en Tucumán fueron denunciadas por la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) en la Justicia Federal nacional. (Fuente: Contexto Tucumán)