actualidad.Procesaron a Cecilia Velázquez por facturas truchas y la embargaron por $2 millones

BUENOS AIRES.- La actual presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, María Cecilia Velázquez fue procesada por administración fraudulenta y embargada por $2 millones de pesos por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Fue por su desempeño como  jefa de Gabinete de Asesores del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Alicia Kirchner entre 2007 y 2015.

La hoy cuestionada ministra de Educación de Santa Cruz , según la causa que terminó con su procesamiento, firmó facturas truchas de al menos tres proveedores por 3.227.740 pesos, entre julio y diciembre de 2015. Hasta el momento incluso sólo se verificó un 41,23 por ciento del muestreo del Fondo Rotatorio, área ante la cual se rindieron gastos por eventos deportivos con fines sociales.

Una auditoría interna ordenada por la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley detectó que Velázquez “se habría excedido en las facultades otorgadas por su mandato perjudicando de forma evidente el patrimonio del Estado”, y detalla que “cada expediente administrativo de las jornadas deportivas y recreativas posee un informe final de rendición del evento correspondiente donde la Sra. Velázquez da cuenta que los servicios fueron efectuados en tiempo y forma”.

La causa se inició por una auditoría interna tras el cambio de Gobierno en diciembre de 2015 en el Ministerio de Desarrollo Social. Las sospechas fueron confirmadas cuando al menos tres comerciantes dijeron que nunca habían sido proveedores del Ministerio de Desarrollo Social.

Uno de ellos, Eduardo Gromyko, de“La Esquina del Deporte” dijo que jamás le vendió al Ministerio. Pero Velázquez presentó seis facturas por 1.911.270 pesos.

Otro comerciante, Gabriel Eduardo González, de la empresa AHP TV SRL, también negó que haya sido proveedor del Ministerio de Desarrollo Social, pero con su nombre se justificó gastos a través de cuatro facturas por un total de 287.400 pesos.

También declaró Luis María Ragno, cuya marca fue utilizada para facturar unos 1.129.070 de pesos. Pero ante la Justicia él negó que haya recibido un peso.

La causa de la OA

En la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción,  se da cuenta de irregularidades en las rendiciones de gastos, como el uso de facturas apócrifas o adulteradas, por $3.327.740, sólo en ese período. La cifra, que puede resultar baja si se tiene en cuenta que el ministerio controlaba miles de millones de pesos anualmente, representa el 40% del total analizado sobre los fondos destinados a “Eventos y Jornadas Sociales”.

La Oficina Anticorrupción considera que de la auditoría se desprende claramente que, si las facturas eran apócrifas y los servicios no fueron prestados por los comercios que supuestamente se contrataron, “existe un lucro indebido en clara contraposición de los deberes e intereses que le fueron legalmente confiados” y consideran “prueba suficiente para sospechar que la Sra. Velázquez, sería responsable de las conductas ilícitas que fueron ventiladas en el Informe de Auditoría N° 6/2016, debiendo responder por su actuar irregular”.

Por esta razón, Laura Alonso representante de la Oficina Anticorrupción denunció ante la justicia en los términos del articulo 175 del Código Procesal Penal a Velazquez.