Gabriela Peralta RÍO GALLEGOS.- Cuando ayer trascendió el proyecto del oficialismo que crea el Instituto del Salario y de Formación en Políticas Públicas, con el fin de “intervenir en las políticas salariales” tanto del Poder Ejecutivo como de los empleados públicos incluidos los municipales y quienes están encuadrados en convenios colectivos tanto nacionales como provinciales,  gremios y partidos comenzaron a movilizarse en procura de poner freno a la iniciativa. La diputada provincial Gabriela Peralta adelantó su votó negativo y pidió que el gobierno lo retire, en tanto que el diputado Matías Mazzú sostuvo la defensa del mismo.

Peralta sostuvo que “ante esta presentación en la que se pretende, a través de un nuevo organismo público, avasallar y avanzar sobre los Convenios Colectivos de Trabajo y los derechos de los Trabajadores; expresamos no solo nuestro rechazo, adelantando el voto negativo del espacio que represento, sino instando al gobierno a que lo retire de la Cámara de Diputados”

Expresó su preocupación diciendo que urge al Estado Provincial convocar a Paritarias Salariales y Laborales de todos los sectores, respetando la vigencia de los convenios y a su vez no cercenando los derechos Constitucionales que tanto ha costado conseguir en Santa Cruz, reafirmando que “los espacios de dialogo deben permanecer abiertos, es el ámbito primario de la discusión laboral y no puede ser anulado con una ley que deja de lado años de construcción y conquistas de los trabajadores santacruceños”.

La defensa de Mazzú

  El presidente de la bancada delFPV Matías Mazú, consideró que el proyecto es «una buena idea, la están transformando en una mala noticia. El Estado necesita tener una organización en lo que respecta a la mayor erogación que tiene el Gobierno – que afecta el 95% del presupuesto – en los tres poderes del Estado, en los municipios y sus entes descentralizados en lo que tiene que ver con la política salarial”. Asimismo, resaltó que “no está en tratamiento en las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados, y no está siendo analizada por los legisladores”, insistiendo en que “no se busca generar un espacio de definición, sino que servirá para organizar la información que permita definir políticas públicas”.