RÍO GALLEGOS.- La provincia adquirió un software para la ASIP, a un costo cercano a los 30 millones de pesos «para situar a Santa Cruz a la altura de otras agencias de recaudación del país», según fundamentaron las autoridades. El programa comenzará a funcionar en enero de 2019. Desde la oposición denuncian que se omitió la ley que obliga a la provincia a contratar software libre, y que no se convocó a los profesionales en informática con que cuenta, que están suficientemente capacitados para desarrollar este tipo de programas y no han participado, ni apoyan esta contratación. La firma proveedora es Tecnología y Desarrollo Informático SRL. El costo del programa es de 29.586.512,  y se implementará por etapas a lo largo del corriente año para que funcione completamente en enero de 2019.

Zuliani escucha al representante de la firma proveedora del software

El Director Ejecutivo de la ASIP, Leandro Zuliani, manifestó que “este proyecto implica para la ASIP un cambio de paradigma, colocándola a la altura de otras agencias de recaudación del país y mejorando de forma sustancial la operatoria del organismo. Asimismo le garantiza a la provincia una mejor gestión sobre los tributos provinciales”, indicó. El funcionario aseguró que «El nuevo sistema permitirá al contribuyente contar con una cuenta corriente, a la que tendrá acceso con su clave fiscal, además podrá gestionar trámites de forma autónoma, suscribir planes de facilidades de pago, generar declaraciones juradas así como la deuda actualizada, obtener su constancia de inscripción, entre muchas operaciones disponibles», enumeró. Para la ASIP implicará disponer de información oportuna y confiable, optimizar los servicios a los contribuyentes, realizar entrecruzamientos de datos, intimaciones masivas, liquidaciones de deudas y, en definitiva, maximizar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Desde la oposición denuncian que la provincia debe contratar un software libre El diputado provincial, Daniel Gardonio, cuestionó la iniciativa,  «en el momento en el que estamos, el Gobierno insiste en gastar millones que no tenemos en software que no necesitamos”, señaló. El legislador presentó un informe en la legislatura porque «se podría estar violando la Ley Provincial 2787 que establece que todos los sistemas que contrate la provincia deberían ser software libre», sostuvo Gardonio. Advirtió que con la adquisición de un nuevo software «la provincia sumará un sinnúmero de inconvenientes, como el costo de mantenimiento permanente, la confidencialidad de los datos que no puede ser asegurada, el manejo a futuro con sus modificaciones y/o ampliaciones que incrementaran los costos del mismo», aseveró. Además sostuvo que los profesionales en informática que tiene la provincia están suficientemente capacitados para desarrollar este tipo de programas y no han participado, ni apoyan esta contratación. “Creemos que se trata de un gasto millonario que debería ser revisado porque la provincia tiene los profesionales, tanto en el ámbito académico como en el Gobierno Provincial para realizar sistemas de este tipo a un costo muchísimo menos y sin los problemas que puede generar la aplicación de este tipo de sistemas.”, sentenció. Qué dice la ley provincial 2787 sancionada en julio de 2005
Artículo 1ro El Sector Público de la Provincia de Santa Cruz en sus tres (3) Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicos, Sociedades del Estado y Sociedades con participación Estatal Mayoritaria, deben emplear en sus Sistemas de Información y equipamientos de informática, prioritariamente programas libres y de código abierto.
Artículo 7mo: Una vez finalizada la fase de transición, cuya duración será reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 precedente, solamente podrá ser efectuada la contratación y utilización de programas de computación con restricciones a su propiedad o cuyas licencias no estén de acuerdo con esta ley, en el caso que no existiera programas abiertos o de libre circulación que contemplen las necesidades del organismo público provincial que los requiera