RÍO GALLEGOS.- EL gobierno radicó una denuncia contra un grupo de jubilados que llevaron adelante acciones de reclamo por haberes pagados fuera de término. La demanda es por daños y perjuicios «contra edificios públicos»,  por un monto de 329.400 pesos. La presentación la realizó el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, y el abogado de ese organismo, Emilio Monzón, contra Villarroel, Ana Virginia, y otros, todos miembros de la agrupación Jubilados Unidos en Acción.  La denuncia es por daños contra los edificios de Casa de Gobierno, Caja de Previsión Social, Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social. Detalla rotura de «puertas, persianas, vidrios», y «pegatinas» en los edificios. «Solicitamos que los responsables de los actos vandálicos respondan con su patrimonio particular y restituyan los gastos que demandará al gobierno la reparación de estos daños», dice la denuncia. Aportan que las personas acusadas «han subido a las redes sociales que provocaron en los edificios públicos», por lo tanto consideran que existía «un sistemático plan intencional», de provocar daños. También señalan que los jubilados dañaron «vehículos oficiales», aunque no identifica las unidades. La denuncia habla de «extrema violencia», ejercida por los pasivos contra funcionarios y trabajadores, aunque aclara que «no intenta criminalizar la protesta social , ni mucho menos vulnerar el derecho constitucional de protestar». Además de Ana Villarroel, están denunciados, Cristina Coronel, Beatriz Constantino, Lucila Hernández,  Laura Agüero, Néstor Ripa, María Virginia Peña, Margarita Guanuco, Enrique Bavera, y Agustín Pérez. El motivo del reclamo de los jubilados  Cabe consignar que desde mediados de 2016 los jubilados provinciales perciben sus haberes fuera de término, en algunos sectores con hasta un mes de retraso, que desde 2017 perciben sus sueldos los trabajadores activos antes que los jubilados. Durante todo ese tiempo, los afiliados a la Caja de Previsión Social reclamaron ante las sedes de los edificios, en una ocasión tomaron pacíficamente la sede previsional, y a pesar de sendos pedidos de audiencia con la gobernadora, nunca pudieron reunirse con la máxima autoridad provincial. Otro punto que sumó discordia en el sector pasivo es el acuerdo firmado entre el gobierno y los gremios APAP, ATE, y UPCN, de un aumento no remunerativo, o «en negro», que excluyó a los jubilados.