RÍO GALLEGOS.- Diputados aprobaron un pedido a nación para que deje sin efecto los aumentos en las tarifas de gas que rigen a partir del 1 de abril. “Es un servicio esencial en nuestra región, más aún cuando se acerca el invierno”, argumentó Gabriela Mestelán, autora del proyecto que contó con los votos del Frente para la Victoria. El nuevo cuadro tarifario que el Estado Nacional le autorizó a la concesionaria Camuzzi Gas del Sur establece un incremento interanual que supera el 91 por ciento para el cargo fijo y, oscila entre 70 al 92 por ciento en el cargo variable, afectando mayormente a las categorías más bajas. Además, alcanza a los usuarios que consumen gas natural, GNC y Gas Propano/Butano en la provincia de Santa Cruz. El proyecto presentado desde la banca de Encuentro Ciudadano, le solicita al gobierno nacional la suspensión de este aumento en las tarifas. Asimismo reclama «equidad, razonabilidad y gradualidad para la región patagónica considerando que la utilización del gas natural, GNC y/o Gas Propano/Butano es un servicio vital esencial durante todo el año para garantizar la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de quienes habitamos esta zona del país”, fundamenta Mestelán. La legisladora manifestó que “este pedido tiene más sentido aún si consideramos que estamos ante el inicio de los meses más fríos del año en nuestra región, por lo que reviste un carácter esencial para el desarrollo económico y social, con principal impacto en garantizar la calidad de vida en la Patagonia”, se lee en los fundamentos del pedido. Agrega que “nuestra provincia de Santa Cruz contribuye con la producción gasífera el 9 por ciento del total nacional”, mientras la demanda “apenas alcanza al 2 por ciento del total nacional”, al tiempo que destaca que “Quienes vivimos en la Patagonia tenemos la necesidad de ser escuchados por el Gobierno Nacional ante nuestro pedido”, señala la iniciativa aprobada hoy.  Mestelán también impulsa la tarifa social para los usuarios de Servicios Públicos Hoy también tomó estado parlamentario ul proyecto de la diputada Gabriela Mestelán, que impulsa una tarifa social para los usuarios de la empresa Servicios Públicos S.E. que consuman hasta 300 kw/mes y cumplan alguno de los siguientes requisitos: ser jubilado, ser trabajador que perciba un salario menor o igual a dos salarios mínimos. “La propuesta busca garantizar el acceso a los servicios de energía eléctrica, agua potable y/o cloacas que suministra la empresa estatal Servicios Públicos a aquellos usuarios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social; sean beneficiarios de programas sociales de distinta índole; desempleados; cuenten con una pensión por discapacidad; sean ex combatientes de Malvinas, entre otros”, explica Mestelán en el proyecto que pasó a comisiones. El proyecto también piden alcanzar a los beneficiarios de pensiones no contributivas, ser titular de programas sociales, los que estén inscriptos en el Régimen de Monotributo Social o bien estar incorporado en el régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (Ley nacional N° 26.844) o bien estar percibiendo el seguro de desempleo o contar con un certificado de discapacidad expedido por autoridad competente. En los fundamentos de su proyecto la diputada provincial recordó los fundamentos de la Corte Suprema de Justicia en el fallo CEPIS y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo. “El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, una verdadera conmoción social provocada por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevado monto, pueda calificarse de “confiscatoria” de los ingresos de un grupo familiar”. El proyecto establece que para acceder al beneficio, los organismos competentes deberán garantizar trámites con requisitos razonables y de posible cumplimiento respetando los derechos de los usuarios y “evitar así que peregrinen por las oficinas públicas dando explicaciones de porque deben acceder a este derecho”, agrega. En tanto que también se propone que quedaran exceptuados de acceder a la tarifa, aquellos que si bien estén dentro de las categorías establecidas, tengan bajo su nombre un auto o una propiedad inmueble.