RÍO GALLEGOS.- Esta mañana jubilados presentaron la respuesta a la demanda que les inició el gobierno por «daños a edificios públicos», con embargo patrimonial de 330 mil pesos. En su descargo, los jubilados negaron los cargos. «El gobierno extorsiona a los jubilados para que no reclamen sus derechos», sostuvo el abogado que acompañó la presentación de los jubilados. Un grupo de jubilados portando carteles con consignas pidiendo justicia acompañó la respuesta al gobierno por las acusaciones de «daños a edificios públicos», y actos de violencia que supuestamente habrían ejercido los afiliados a la Caja de Previsión quienes desde hace casi dos años reclaman pro el pago en tiempo y forma de sus haberes. La presentación fue en el Juzgado Nro 2 de Pasaje Kennedy, entre Fagnano y San Martin. «El gobierno ya dañó el patrimonio de los jubilados» En diálogo con Winfo Santa Cruz, el abogado que representa a los jubilados, dr Daniel Manrresa, afirmó que «Las acusaciones del gobierno son genéricas y por lo tanto de dificultosa defensa, ellos dicen que los jubilados produjeron daños a edificios públicos, pero no dicen a cuáles, dónde, o cuándo ocurrieron esos supuestos daños», señaló. Agregó que a los demandados «Los acusan de haber dañado vehículos oficiales, pero no dicen qué vehículos fueron dañados, sin embargo acusan de todos estos daños a los jubilados, como si fueran los únicos que realizaron protestas en los últimos años en Santa Cruz», precisó el abogado. Manifestó que el gobierno «dice que no quiere criminalizar el reclamo de los jubilados, pero lo que está haciendo es perseguir a los jubilados», aseveró. En cuanto al embargo de 330 mil pesos que según el fiscal de Estado, Pablo Tanarro, es para que los jubilados «respondan con su patrimonio por los daños causados», el dr Manrresa argumentó, «el gobierno ya dañó el patrimonio de los jubilados, pagándoles fuera de término, quedándose con el dinero que es de ellos, y usufructuando los intereses que esta plata genera», manifestó el letrado defensor. Indicó que la mayoría de sus defendidos cobra alrededor de 20 mil pesos, y «no solo ven afectados sus ingresos jubilatorios, sino el acceso a la salud, por el mal funcionamiento de la obra social, que por la edad es un servicio indispensable para ellos», sostuvo el dr Manrresa.