RÍO GALLEGOS.- El Frente para la Victoria se negó a tratar en la sesión de hoy un pedido para que la gobernadora Alicia Kirchner desista de su demanda por daños a edificios públicos contra un grupo de jubilados que reclaman por sus haberes. «El gobierno, que no les paga en tiempo y forma desde hace más de un año y medio, ahora decide demandarlos», sostuvo la autora del proyecto, Gabriela Mestelán. A la hora de la votación los diputados del FPV optaron por no aprobar el tratamiento. Antes del inicio de la sesión, una representación de Jubilados Unidos en Acción, se dirigió hacia la cámara de diputados para asistir a la sesión de hoy, pero su ingreso le fue impedido por las autoridades de la legislatura. La diputada Mestelán se refirió a la demanda contra los jubilados que presentara el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, «lo que omite el fiscal es que la violencia primera es que los jubilados estén privados de cobrar en tiempo y forma, estén privados de cobrar cuando la justicia manda, y estén privados del servicio de Salud, que es probablemente lo más grave cuando uno llega a adulto mayor», enfatizó la legisladora de Encuentro Ciudadano. Tras estos argumentos el presidente de la Cámara, José Bodlovic, envío a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto, pero el Frente para la Victoria votó en contra de la iniciativa. Los argumentos de la demanda contra los jubilados 

Fiscal de Estado Fernando Tanarro

El 29 de marzo el fiscal de Estado, Fernando Tanarro,  radicó una denuncia contra un grupo de jubilados que llevaron adelante acciones de reclamo por haberes pagados fuera de término. La demanda es por daños y perjuicios “contra edificios públicos”,  por un monto de 329.400 pesos. La presentación la realizó el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, y el abogado de ese organismo, Emilio Monzón, contra Villarroel, Ana Virginia, y otros, todos miembros de la agrupación Jubilados Unidos en Acción. La denuncia es por daños contra los edificios de Casa de Gobierno, Caja de Previsión Social, Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social. Detalla rotura de “puertas, persianas, vidrios”, y “pegatinas” en los edificios. “Solicitamos que los responsables de los actos vandálicos respondan con su patrimonio particular y restituyan los gastos que demandará al gobierno la reparación de estos daños”, dice la denuncia. Argumenta que las personas acusadas encararon “un sistemático plan intencional”, y puso como ejemplo que subieron fotos a las redes sociales, «de los daños» causados. La denuncia habla de “extrema violencia”, ejercida por los pasivos contra funcionarios y trabajadores, aunque aclara que “no intenta criminalizar la protesta social , ni mucho menos vulnerar el derecho constitucional de protestar”. El motivo del reclamo de los jubilados  Cabe consignar que desde mediados de 2016 los jubilados provinciales perciben sus haberes fuera de término, en algunos sectores con hasta un mes de retraso, que desde 2017 perciben sus sueldos los trabajadores activos antes que los jubilados. Tras la presentación de un amparo por parte de los jubilados, en abril del año pasado el juez de Familia, Antonio Andrade, emitió un fallo ordenando el pago antes del día 7 de cada mes, lo que fue desobedecido sistemáticamente por el gobierno provincial. Otro punto que sumó discordia en el sector pasivo es el acuerdo firmado entre el gobierno y los gremios APAP, ATE, y UPCN, de un aumento no remunerativo, o “en negro”, que excluyó a los jubilados.