RÍO GALLEGOS.- Jubilados provinciales expusieron ante el Consejo Federal de Derechos Humanos sobre la demanda con embargo patrimonial que les iniciara el gobierno de Alicia Kirchner, y sobre las distintas acciones de «violentación» que sufrieron de parte de funcionarios provinciales. Miembros de Jubilados Unidos en Acción se reunieron ayer con Alejandro Collia, Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de DDHH, para plantearle la situación que están atravesando a partir del reclamo del pago de haberes en tiempo y forma,  y de los derechos que son vulnerados por el gobierno provincial. La reciente demanda que les iniciara el fiscal de Estado por instrucción de la gobernadora Alicia Kirchner, a través de la cual les aplican un embargo de 330 mil pesos que «tienen que afrontar con su patrimonio», según el denunciante Fernando Tanarro, fue el punto central de la reunión con el funcionario nacional. También los jubilados informaron al representante de la oficina de DDHH de nación, sobre la arbitrariedad del gobierno respecto de las fechas de pago de sus haberes hasta con un mes de demora, la discriminación de la que son objeto cuando el Ejecutivo decide pagarle primero a los activos, y la reciente firma de un pacto salarial entre los gremios APAP, ATE, y UPCN, y el gobierno, que excluyó a los jubilados. Asimismo  le hicieron conocer a Alejandro Collia, el incumplimiento en el que incurre el gobierno provincial del fallo judicial que ordena abonarles los haberes entre los días 1 y 7 de cada mes. Violencia gubernamental Los hechos de violencia de la que fueron objeto por parte de miembros del gobierno, también fueron detallados por los jubilados, quienes remarcaron que a pesar de las denuncias contra los funcionarios en ningún caso la justicia provincial actuó en consecuencia. «La respuesta de la doctora Alicia Kirchner y del doctor Pablo González ha sido sostenerlos en sus puestos o mejorarles la situación», comentaron. Una de las voceras, Cristina Coronel, manifestó que aunque ella prefirió no comentarle el episodio que sufrió a manos de Daniel Varizat cuando la arrolló con su camioneta durante una protesta, «Él estaba al tanto de todo, y sabía quién era yo», comentó la enfermera emblema de los jubilados. «Le remarcamos que hablan de violencia de género y en Santa Cruz, la violencia es moneda corriente, y lo hacen los funcionarios del gobierno», remarcó Coronel.  «Una de las cosas que le dije fue que él era una luz de esperanza para nosotros, ya que nos sentimos como los pueblos orginarios, los eternos olvidados, y le pedimos que  visualice nuestra situación en el país», agregó. Por su parte Ana Villarroel, comentó a Winfo Santa Cruz, «Lo vi muy interesado. Fue con las únicas personas que se reunió  -que no somos funcionarios- en esta visita. Estaba enterado de todo. Se comprometió a gestionar para que se emita una resolución sobre las denuncias que presentamos en el INADI», sostuvo Villarroel. Agregó que el funcionario nacional «Nos dijo que por cualquier tema debemos dirigirnos al Inadi o al CAJ (Centro de Acceso a la Justicia), que es por donde se tramitan estas situaciones».