RÍO GALLEGOS.- El obispo Miguel  D’annibale recibió hoy a una representación de Jubilados Unidos en Acción, quienes le comunicaron su preocupación por la denuncia penal que les radicara el gobierno encabezado por Alicia Kirchner a raíz de las protestas que llevan adelante por la falta de pago de haberes y la discriminación de la que son objeto. Luego de escuchar a los jubilados, el obispo D´annibale, se comprometió a trasladar el planteo a la gobernadora Alicia Kirchner, y de hacer conocer la situación en la próxima reunión de obispos de todo el país a realizarse próximamente. «Lo  interiorizamos respecto de nuestra situacióna partir de la demanda interpuesta por el gobierno de Alicia Kirchner y Pablo Gonzalez como así también la situación de la obra social y todos los temas que nos involucran», declaró Ana Villarroel, referente de Jubilados Unidos en Acción. Manifestó que el obispo «preguntó por el canal de diálogo con el gobierno». EL gobierno radicó una denuncia contra un grupo de jubilados que llevaron adelante acciones de reclamo por haberes pagados fuera de término. La demanda es por daños y perjuicios “contra edificios públicos”,  por un monto de 329.400 pesos. La presentación la realizó el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, y el abogado de ese organismo, Emilio Monzón, contra Villarroel, Ana Virginia, y otros, todos miembros de la agrupación Jubilados Unidos en Acción. La denuncia es por daños contra los edificios de Casa de Gobierno, Caja de Previsión Social, Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social. Detalla rotura de “puertas, persianas, vidrios”, y “pegatinas” en los edificios.