RÍO GALLEGOS- El juez de Familia, Antonio Andrade, pidió a la justicia penal que investigue a los funcionarios responsables de aplicar aumentos de hasta un mil por ciento en las tarifas de Servicios Públicos, por los presuntos delitos de desobediencia o incumplimiento de los deberes. Es a raíz de la cautelar que en abril del año pasado frenó los tarifazos a pesar de lo cual la empresa continuó aplicándolos. Allí también se ordenaba a SPSE refacturar el servicio y devolver el dinero abonado por los usuarios. La Resolución rechaza un pedido de revocatoria presentado por SPSE, y confirma en todos sus términos la medida cautelar resuelta en abril de 2017 que suspendió la aplicación del nuevo cuadro tarifario. En el punto 2 de la Resolución, se concede la apelación en subsidio presentada por la empresa. A su vez pide a la justicia que investigue a los funcionarios responsables, encabezados por el presidente de la empresa, Lucio Tamburo,  por el presunto delito de «desobediencia» a una orden judicial, ya que a pesar de la existencia de un fallo que suspendía los aumentos, SPSE continuó aplicando los incrementos. Los aumentos de las tarifas de energía, agua, alumbrado, y cloacas, hoy alcanzan porcentajes exhorbitantes de hasta un 1.000%. La empresa justificó los incrementos en la «dolarización» de los insumos, la suspensión del impuesto del 6 x 1.000, y del subsidio a la energía comprada a la distribuidora CAMMESA que incrementaron los costos en un 350 por ciento. En el fallo conocido ayer el juez Andrade, intima al presidente de Servicios Públicos, a que «en el término de 20 días celebre una audiencia pública administrativa condebida publicidad, en la que se garantice la participación de todos los usuarios de la provincia de Santa Cruz». Este mecanismo también fue obviado por los funcionarios de Servicios Públicos, quienes ni siquiera asistieron a la audiencia convocada por el juez Andrade el 3 de abril de este año. El fallo aplica una multa diaria de 10 mil pesos por cada día de incumplimiento de la medida ordenada. Cabe recordar que la medida judicial surge a partir del amparo presentado la diputada Gabriela Mestelán, acompañada por otros 90 amparistas, requiriéndole al juez de Familia que frene dichos aumentos y convoque a audiencia pública.  “Cuestionamos este tarifazo brutal e insensible, más aún en este contexto tan difícil que atravesamos en Santa Cruz”, argumentó la legisladora. ¿Qué ocurrirá con las facturas abonadas? Más allá de las expresiones judiciales, lo cierto es que mientras tanto Servicios Públicos no solo no devolvió el dinero pagado por los usuarios, sino que continúa aplicando aumentos en forma mensual en los costos por el consumo de energía, agua, alumbrado público, y cloacas. El fallo del juez Andrade fue taxtativo: «la empresa Servicios Públicos deberá facturar y/o refacturar en forma inmediata y en el próximo vencimiento de acuerdo al cuadro tarifario vigente a diciembre de 2016, debiendo negociar con cada usuario….», ordenó el magistrado en abril de 2017. Servicios Públicos no solo no cumplió, el presidente Lucio Tamburo desafió el fallo. «Tengo las manos libres»  En mayo del año pasado el presidente de Servicios Públicos, Lucio Tamburo, fue denunciado penalmente por “desobedecer la medida cautelar vigente que suspendió el aumento de tarifas desde el 10 de abril”. El funcionario había manifestado ante la prensa que “volvió todo a foja cero” y adujo tener “las manos libres para establecer el cuadro que teníamos establecido”. “Esto no es así en absoluto, la medida cautelar que ordenó la suspensión del nuevo cuadro tarifario está vigente y nunca fue cuestionada por Servicios Públicos ante los estrados judiciales”, explicó el abogado Javier Pérez Gallart, asesor de la diputada Mestelán. Tamburo había afirmado, “volvió todo a foja cero”  argumentando que la Cámara de Apelaciones “suspendió todo y por lo tanto nosotros tenemos las manos libres para establecer el cuadro que teníamos establecido”. “Tamburo está incurriendo en el delito de desobediencia, está desconociendo una resolución de la justicia que nunca cuestionó. La Cámara de Apelaciones sí aceptó un recurso de queja presentado por la empresa, donde se cuestionan toda una serie de puntos resueltos por el juez Andrade en primera instancia. Pero Servicios Públicos allí no cuestiona la medida cautelar que suspendió el aumento de las tarifas”, detalló Pérez Gallart. En el escrito, Pérez Gallart afirma que “los caprichos de Tamburo, no solo tienen consecuencias sociales que deben padecer el conjunto de los usuarios, tarifazo mediante, sino tienen consecuencias penales y así deben ser juzgadas”.