RÍO TURBIO.- El interventor de YCRT, Omar Zeidán acusó a la gobernadora Alicia Kirchner de incumplir el acuerdo firmado entre las fuerzas provinciales y nacionales para velar por la paz en la cuenca carbonífera y dejar una «zona liberada» para los desmanes ocurridos ayer sobre dos propiedades de la empresa carbonífera. El gobierno provincial desmintió las acusaciones y dijo que «en todo momento garantizó la custodia del lugar». Autoridades de la empresa y el comandante de gendarmería del escuadrón Río Turbio,  fueron encerrados anoche en las Casas 50 y 51, que son utilizadas como dependencias de la intervención,  y recién pudieron salir a las pasadas las 6 am de hoy. El episodio tuvo lugar durante una protesta de empleados de YCRT quienes «luego provocaron desmanes en el interior de la propiedad», según informaron desde la empresa. Los manifestantes ingresaron a la propiedad a última hora de la tarde y de acuerdo a la información oficial de la empresa «rompieron todo a su paso, inundaron la casa del Interventor mediante una manguera que pasaron por la chimenea escurriendo cientos de litros de agua por varias horas, destruyendo pisos parquet, paredes, robando enseres, efectos personales, muebles y hasta juguetes de los niños», detalla el informe. En el interior de la vivienda se encontraba el Coordinador General Sergio Lumachi, el Subgerente Miguel López, el Subgerente de Servicios mineros e inclusive, al Comandante Principal de Gendarmería del Escuadrón Río Turbio, quien llegó allí a la tarde para interiorizarse de lo que estaba ocurriendo». “Hago responsable a la Gobernadora Alicia Kirchner por la seguridad de las personas que están privadas de su libertad, de los bienes del yacimiento y de la seguridad física de quienes estamos al frente de esta Intervención y nuestras familias», señaló el interventor Omar Zeidán. Acusó a la gobernadora Alicia Kirchner de «incumplir el Acta-acuerdo firmado oportunamente con el gobierno nacional y la Gendarmería y es evidente que la policía provincial hoy (como en otras ocasiones) ha liberado la zona para que actúen delincuentes disfrazados de dirigentes gremiales, que usan la noble causa de los mineros para sembrar el caos y la desolación en la cuenca, usurpando una lucha que no es de ellos y promoviendo la violencia en beneficio de quienes los mandan desde las sombras del poder político”, cuestionó Zeidán. El interventor recordó que el 7 de marzo de 2018 se conformó un Comité Operativo Conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Secretario de Seguridad de la provincia, Lisandro de la Torre y Gendarmería Nacional. El objetivo era “velar por la seguridad, ante los hechos que podrían ocasionarse” a raíz del largo conflicto que se encrudeció cuando en enero pasado a intervención anunció un plan de despidos y retiros voluntarios en la empresa. Sostuvo que «La gobernadora, a través de su funcionario, se comprometió a trabajar preventivamente y en forma conjunta para evitar desmanes, caos y violencia. Pues bien, hoy no lo ha hecho. La señora Alicia Kirchner ha faltado a su deber y ha permitido que en Río Turbio haya zona liberada para facilitarle el trabajo a las hordas encabezadas por los de siempre», afirmó Zeidán, quien la hizo responsable de «la escalada de violencia, la cual parece, no solo alentar, sino ocultar y desconocer», remarcó Zeidán. Y aseguró que los ataques están avalados por » un gobierno decrépito y personajes oprobiosos sobre los cuales pesan causas, pedidos de desafuero, detenciones y están desesperados tratando de arrastrar al lodo a los verdaderos trabajadores, al minero que nada tiene que ver con los vándalos y ladrones», enfatizó. Autores identificados  De acuerdo a la información brindada por YCRT, el Interventor identificó al Secretario General de ATE Miguel Páez y al delegado de ATE Adonis Rojo, como las cabezas visibles de lo que denominó “grupo de tareas”, encargados de sembrar el miedo entre los responsables de la empresa, atacando sus domicilios y sus familias. “Están cometiendo delitos y muy graves – agregó Zeidán – espero que la gobernadora reflexione, haga lo que tiene que hacer y no debamos lamentar una muerte, porque allí, estos mismos personajes serán los primeros en esconderse y mostrarán los verdaderamente cobarde que son cuando están solos y sin el apoyo de las patotas ordenadas desde algún oscuro lugar de la provincia”, indicó. Aseguró que entre los manifestantes «no hay mineros, hay punteros políticos en el ocaso, envalentonados por la inmunidad sindical y la impunidad oficial, sus seguidos no son ma de 50 pero bastan para sembrar el caos en una población pacífica, con esperanzas de resurgir y ver de pie al yacimiento», agregó.
La desmentida del gobierno
Luego de la denuncia pública que hiciera la intervención de YCRT acusando a la gobernadora, la Secretaria de Estado de Seguridad, aseguró que una vez que tomó conocimiento de los hechos,  «se implementó un operativo de seguridad integrado por personal de la Policía de la Provincia en coordinación con la Gendarmería Nacional a fin de garantizar la integridad física de la conducción de YCRT que se encontraba en la vivienda N° 51 del Barrio Margarita de la Ciudad de Río Turbio», señalaron desde el organismo.
Detallaron que «el inmueble en cuestión cuenta con una custodia de la Gendarmería Nacional a cargo del Comandante Principal de Gendarmería Nacional», y que el operativo de seguridad se realizó «de acuerdo a lo que establece el protocolo», remarcaron.
Explicaron que «se procedió al desalojo de los miembros de la conducción de YCRT, de los cuales solo dos se dispusieron de salir de la vivienda y el resto prefirió permanecer en la misma. Cabe destacar, que se  encontraban en la vivienda el Sub -Gerente Miguel Lopez, el Sub –Gerente Horacio Reinozo, el Jefe del Departamento de Obras Sergio Lumachi, el Jefe de Seguridad Cristin Rodriguez, entre otros», dice el comunicado oficial.
Destacaron que «En todo momento, la Policía de la Provincia, junto a la Gendarmería Nacional, garantizó la custodia del lugar y actuaron en todo momento en permanente comunicación con la Dra. Bettina R.G. Bustos y el Sr. Agente Fiscal  Dr. Luis Tomi», aseguraron.