BUENOS AIRES.- La Anses decidió que recortará un 40% la jubilación que percibe Cristina Fernández como ex presidenta, “porque ya no reside en Santa Cruz», donde tenía domicilio al momento de acceder al beneficio. Hoy es senadora por provincia de Buenos Aires y reside en Capital Federal. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) decidió recortarle 40% su jubilación como ex jefa de estado, según difundió anoche el periodista Nicolás Wiñazky en TN Central.  Emilio Basavilbaso, titular de la Anses, ya habría tomado la decisión de ajustar el monto de aproximadamente $180 mil que percibe Cristina Fernández. El beneficio se reduciría a poco más de $108 mil. El organismo entiende que a la expresidenta no le corresponde cobrar el adicional por zona austral, que percibía hasta hoy por tener domicilio en Santa Cruz, ya que vive en la Capital Federal y es senadora por la provincia de Buenos Aires. Por estos días Cristina dirime una disputa con el Estado Cristina Kirchner volvió a pedirle a la Justicia que se le restituya la pensión que percibía por su esposo, también como ex presidente, la que le fue otorgada por una resolución de su cuñada Alicia Kirchner, poco antes de dejar el poder en 2015. En 2016, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley , firmó una resolución en la que intimó a la ex presidenta a «optar» por una de las dos jubilaciones que percibía, una de ellas por el fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner. En diciembre de ese año, la senadora de Unidad Ciudadana optó por continuar percibiendo su jubilación como ex jefa de Estado, sobre la cual también pesa el descuento por el impuesto a las Ganancias. Según consigna el diario La Nación, se trata de un beneficio de pago de $176.744 (neto) y la prestación suspendida fue de $180.520 (neto), que en promedio equivalen a 12 veces el haber jubilatorio y a 23 veces la jubilación mínima. Pero en abril de 2017, Cristina Kirchner no resignó lo que cree que le corresponde y pidió la nulidad de la resolución que suspendió el pago. La demanda de la ex mandataria contra la cartera de Desarrollo Social, sostiene que se trata de un «ataque patrimonial proveniente directa y visiblemente del Poder Ejecutivo» la suspensión del pago. Y la enmarca en la la ya clásica denuncia de persecución «política, judicial y mediática», a la cual se suma, con la decisión de suspender dicho pago. Y advierte que de no conseguir una respuesta favorable, recurrirá organismos judiciales internacionales