RÍO GALLEGOS.- Cuentas bancarias paralelas, planta de personal sobreabundadas, licencias y adscripciones sin documentar, multimillonarias deudas de las obras sociales que no son reclamadas, es el resultado que arrojaron las auditorías en hospitales provinciales realizado por un equipo de auditores del Tribunal de Cuentas que trabaja junto al vocal por la minoría, doctor Javier Stoessel. El hospital de Río Gallegos inaugurado en 1995 por el gobernador Néstor Kirchner y el presidente Carlos Ménem, fue el que mayores inconsistencias e irregularidades presentó. Con una planta de personal de 1656 agentes, que incluye los que prestan servicios en los centro de salud, tiene el doble de empleados que el hospital general de la ciudad de Córdoba con una población de 1,4 millones de habitantes, diez veces más que la capital de Santa Cruz. Cuentas corrientes paralelas y pozos comunes Los auditores verificaron «la existencia de cuentas corrientes de ejercicios anteriores abiertas de larga data, por ejemplo la del plan Descentralización períodos 2013 al 2016. Agregan que la cuenta Corriente Nº 723058/4 de Garantias y Licitaciones, «no cuenta con saldo determinado a la última registración y por otro lado se observa que en la misma ingresan además fondos que corresponden al Programa de Fondos Nacionales Incluir Salud, ex PROFE», es decir, se mezclan fondos de origen Nacional y Provincial, cuando cada cuenta tiene su destino especifico. Por ejemplo, en el caso del programa Incluir Salud cuya finalidad es «financiar y garantizar la cobertura médico asistencial de los beneficiarios de pensiones no contributivas como las graciables, y las pensiones Asistenciales a madres con más de siete hijos personas con discapacidad, mayores de setenta años en situación de pobreza, ex combatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antartida Argentina, ganadores de Premios Nobel u Olímpicos, prelados, y pensiones Graciables. Nación envía fondos a las Provincias participantes para financiar asistencia médica de los beneficiarios y éstos deben depositarse en una cuenta exclusiva y excluyente para el Programa, según el Convenio Marco. Sin embargo el hospital las centralizaba en una sola cuenta, en este caso la de Garantías y Licitaciones. Al Respecto la auditoría determinó que los responsables deberán cerrar las cuentas en los casos que corresponda, y «de manera inmediata, proceder a ladepuración de la Cuenta, determinando los importes que corresponden al Programa de Fondos Nacionales y transfiriéndolos a su cuenta creada a tal fin, y proceder de ahora en más conforme lo citado precedentemente», ordenaron los auditores del Tribunal de Cuentas.  Si bien el trabajo de los auditores del Tribunal de Cuentas, se realizó entre noviembre de 2017 y abril de este años, la auditoría incluye información  de períodos anteriores. Planta de personal sobreabundada e inconsistencias en los legajos Con una planta de personal de 1656 agentes, que incluye los que prestan servicios en los centro de salud, tiene el doble de empleados que el hospital general de la ciudad de Córdoba con una población de 1,4 millones de habitantes, diez veces más que la capital provincial. El total de personal se compone de 1597 agentes en planta permanente; 41 contratados; y 18 médicos residentes, cumple funciones además del hospital, en los ocho Centros de Salud, el Centro de Salud Mental, además de instituciones como Urenid, Lalcec, Falucho, y el puesto sanitario La Esperanza. En el caso del personal Planta Permanente «los legajos se encuentran incompletos y desactualizados. No obran Instrumentos Legales de pase a Planta Permanente, en ningún legajo analizado se encontró Decreto de nombramiento, en su mayoría no obra ni aptos psicofísicos ni certificados de antecedentes», observaron desde la auditoría. Tampoco tienen debidamente documentada su situación, 40 empleados que perciben el sueldo del hospital pero están adscriptos a otros organismos de la provincia. El informe consigna que el decreto 140/91 establece el cese de la totalidad de las adscripciones de personal existentes al 31 de Diciembre de 1991. En cuanto al personal contratado, el cuerpo de auditores constató que si bien existen decretos que dan inicio a la relación contractual, luego no constan las respectivas renovaciones. En el caso de los médicos residentes, no coincide el número de profesionales que constan en los convenios originales, con los que suministró a la auditoría la gerencia del hospital. Y en cuanto a los médicos provenientes de otras localidades que vienen a Rio Gallegos a prestar servicios «no obra información en los expedientes sobre la modalidad de contratación», de los mismos. Los que cobran por el hospital pero no prestan servicios Hay 108 agentes que se encuentran en situación irregular, afectados a otros lugares de trabajo o que se han cambiado de destino, que sin embargo permanecen como agentes del nosocomio «por no contar el Departamento de Recursos Humanos con sus Instrumentos legales de afectación o baja». Las obras sociales no pagan y el hospital tampoco les reclama Las deudas de las obras sociales con los hospitales supera los 300 millones de pesos, y solo el de Río Gallegos acumula 125 millones de pesos que le adeudan las obras sociales por el uso de los servicios. Una de las obras sociales deudoras es la Caja de Servicios Sociales. Atento que muchas de las deudas son de larga data, se recomendó a los responsables que «efectúen intimación fehaciente por medio de carta documento a cada una de las Obras Sociales que se encuentren en mora  y proceder a la suspensión de los servicios. Cómo sigue el procedimiento por parte del Tribunal de Cuentas. Guardias abusivas tanto del personal médico como administrativo, contratación de prestadores sin respetar las vías administrativas, tercerización del personal con contratos vencidos, pago a proveedores sin la documentación respaldatoria, y hasta faltante de material quirúrgico, se agregan al informe de la auditoría. El presente resumen de la auditoría del hospital Regional de Río Gallegos, que refleja una realidad que se repite en los restantes hospitales en manos de la provincia, aún debe ser tratado por el cuerpo colegiado del Tribunal de Cuentas. Una vez que se cursa traslado a los responsables de las áreas auditadas,  tienen 15 días hábiles para responder, de lo contrario se los intima nuevamente a que contesten bajo apercibimiento de multa. Luego un auditor analiza los descargos, y se trata nuevamente en el acuerdo del tribunal, y allí si, se adopta la decisión que corresponda. A veces cuando hay situaciones muy graves se continúa con el tema o se realiza la apertura de una actuación por separado, por ejemplo un juicio administrativo de responsabilidad patrimonial, o se encomienda a la auditoria seguir un tema especifico