BUENOS AIRES.- El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, en la causa que investiga las contrataciones de hoteles de la familia Kirchner por parte del empresario Lázaro Báez. La causa conocida como Hotesur, involucra a una veintena de personas, la mayoría residentes en Santa Cruz donde se cometió la millonaria defraudación con fondos públicos que investiga la justicia. Embargaron los bienes de los procesados y de las empresas. El fallo conocido ayer confirma que Cristina Elisabet Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y su hijo Martín, y otros dieciséis  involucrados, «habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz», entre mayo de 2007 y noviembre de 2015. Se trata del supuesto pago de sobornos por parte de las empresas del grupo Báez ,el mayor contratista de la obra pública en la provincia, a la familia Kirchner cuando Néstor y Cristina ejercieron la presidencia del país y decidían la determinación y el destino de fondos nacionales. Se investigó además el exorbitante crecimiento patrimonial de los implicados durante el tiempo en que se cometieron los delitos, bajo la simulación del alquiler de hoteles y la contratación de habitaciones para alojar a empleados de empresas, cuyas locaciones luego no se ocupaban. El juez Ercolini además trabó embargo por 800 millones de pesos a cada uno de los procesados y de todos los bienes de las empresas que participaron de la maniobra:  Hotesur SA, Valle Mitre SA, Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto SRL, La Estación SA, Diagonal Sur Comunicaciones SRL, Don Francisco SA, Badial SA y Alucom Austral SRL «hasta cubrir la suma de $736.295.812,», dice el fallo.

Hotel Las Dunas, frente al Lago Argentino. Fue adquirido por Máximo Kirchner

Recuperar los bienes para el estado Si bien hoy los procesados no pueden disponer de sus bienes y los de sus empresas, en el caso de los hoteles de los Kirchner, intervenidas judicialmente, tampoco el estado puede aún recuperar las millonarias sumas de dinero que fueron extraídas de las arcas públicas. Para ello hace falta que el congreso apruebe la figura de la «extinción de dominio», sobre la cual existe un consenso importante en el sector político pero hay dudas respecto de la legalidad de la misma. Además de las razones jurídicas, el Frente para la Victoria y La Cámpora, se oponen a votar una norma que involucra directamente a la senadora Cristina Fernández, y al diputado Máximo Kirchner. La lista de procesados Además de Cristina y sus hijos, la lista de procesados se completa con, Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Osvaldo Sanfelice, Adrián Esteban Berni, Víctor Alejandro Manzanares, César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Edith Magdalena Gelves, Romina de los Ángeles Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Emilio Carlos Martín, Jorge Ernesto Bringas, y Julio Mendoza. La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la ex presidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado. Falta de mérito, huellas dactilares, y embargo de cuentas bancarias En la misma resolución el juez Ercolini dictó la falta de mérito para Fernando Javier Butti, Carlos Alberto Franchi, Myriam Elizabeth Costilla, Cristina Magdalena Olender, Patricia Daniela Blasco, María Alejandra Jamieson, y Lisandro Donaire. Asimismo ordenó la realización de un informe socio ambiental de todos los procesados, y la extracción de tres juegos de fichas dactiloscópicas. A su vez, obténgase de la causa nro. 3732/16 los correspondientes a Cristina Elisabet Fernández, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Romina de los Ángeles Mercado, Oscar Alberto Leiva, Martín Samuel Jacobs, Ricardo Leandro Albornoz, Emilio Carlos Martín, Víctor Alejandro Manzanares. Ercolini dispuso además librar oficio al Banco Central de la República Argentina a efectos de hacerle saber que «deberá arbitrar los medios necesarios a fin que se proceda a la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias que registren a su nombre los aquí procesados, con excepción de las cuentas tipo sueldo, o en las que se acrediten los salarios, jubilaciones o pensiones», aclara.