RÍO GALLEGOS.- Luego de una inusual reunión mantenida ayer entre representantes de los tres poderes del estado, encabezada por la gobernadora Alicia Kirchner, el FPV anunció que no tratará en la sesión de hoy el proyecto que busca anular la cláusula salarial del convenio colectivo de los trabajadores judiciales, aunque lo mantendrá en comisiones «para buscar consenso entre las partes», según el diputado Matías Mazú. Los trabajadores piden que dejen sin efecto el proyecto. Según el gobierno durante la reunión entre miembros del Ejecutivo, el poder legislativo y el judicial,  «se resolvió institucionalizar el diálogo entre los tres poderes del Estado en materia presupuestaria y de funcionamiento, que sean sostenibles en base a la realidad económica de la Provincia», y enviar el proyecto nuevamente a comisiones. El presidente de la bancada oficialista, Matías Mazú manifestó “nos comprometimos a enviar a comisiones nuevamente el proyecto de ley que buscaba ordenar el sistema normativo presupuestario vigente para el Poder Judicial, pero con el compromiso de lograr un consenso dentro de cada poder del Estado, que sea sostenible, atado a la realidad económica de Santa Cruz, no de manera unilateral, más allá de la independencia que cada Poder tiene, y respetando los derechos de los trabajadores”, sostuvo. La iniciativa parlamentaria que firman entre otros los kirchneristas, Matías Mazú, y Jorge Arabel, y que ya cuenta con despacho favorable en comisiones con la firma del radical, Pedro Valenzuela, propone modificar el artículo 8 de la Ley Provincial N° 3022 de Régimen de Paritarias para el Poder Judicial,  y condicionar de este modo los aumentos de los salarios, “a la realidad presupuestaria y financiera de la provincia”, reza el texto. Judiciales piden que se retire el proyecto  El proyecto provocó la reacción de los trabajadores del Poder Judicial porque “vulnera la competencia del Tribunal Superior”, y afecta directamente el espíritu del convenio colectivo que rige en plenitud desde 2007 luego de que fuera suspendido por la ley de emergencia provincial de 1991. No solo eso, de aprobarse, sentará un precedente negativo para todos los Convenios Colectivos de origen nacional que rigen en el estado provincial. Es la segunda intención del gobierno en este sentido luego del fracasado proyecto del Instituto del Salario que el oficialismo pretendió imponer en septiembre del año pasado y que tuvo que retirar por presión gremial. Romina McNamara, una de las redactoras de la reglamentación de la ley de paritarias de los judiciales afirmó que “Lo grave es que modifican una ley que fue consensuada con el  Tribunal Superior pero además que es competencia del Tribunal como lo expresa la ley 2986 de paritarias provincial”, sostuvo. Explicó que  “A partir del artículo 28 de la ley 2986 que rige las paritarias a nivel provincial, el poder Ejecutivo invitaba al poder Legislativo y al poder Judicial a hacer su propia reglamentación en la esfera de su competencia y con sus particularidades. A partir de ahí es que nosotros nos ponemos a negociar con el Tribunal Superior y de hecho el proyecto de paritarias nuestro fue consensuado y luego presentado a la Cámara de Diputados que posteriormente lo aprobó sin cambios”, recordó McNamara.