RÍO GALLEGOS.- A través de un proyecto del FPV que ya cuenta con despacho favorable en la comisión de Trabajo, el gobierno insistirá con modificar la ley de paritarias del Poder Judicial atando los aumentos salariales a las «disponibilidades presupuestarias de provincia, dejando sin efecto la «ley de enganche» que regía los salarios de los empleados de la justicia. De este modo busca generar además un precedente que podrá aplicar a los demás convenios colectivos que rigen en el estado provincial. La iniciativa parlamentaria que firman entre otros los kirchneristas, Matías Mazú, y Jorge Arabel,  propone modificar el artículo 8 de la Ley Provincial N° 3022 de Régimen de Paritarias para el Poder Judicial,  y condicionar de este modo los aumentos de los salarios, “a la realidad presupuestaria y financiera de la provincia”, reza el texto. El despacho, que deberá ser votado en sesión legislativa, establece taxativamente que “no podrán tomarse como parámetros para su determinación, fórmulas, coeficientes, porcentajes, plus, adicionales remunerativos o no, o pautas salariales establecidas en jurisdicciones extrañas a la provincia”, dice el proyecto. De este modo el gobierno no solo limita la discusión salarial de los judiciales y  elimina la ley de «enganche» que determinaba los salarios de los empleados de la justicia, incluido el de los jueces y miembros del TSJ, sino que pone techo a los salarios del sector. De aprobarse esta iniciativa sentará un precedente negativo para todos los Convenios Colectivos de origen nacional que rigen en el estado provincial.  Los trabajadores de Luz y Fuerza, Fentos, Televisión, entre otros, correrán la misma suerte que los judiciales ya que sus convenios aplican cláusulas salariales que se pactan para todo el país. «Vulnera la competencia del Tribunal Superior» Romina McNamara, una de las redactoras de la reglamentación de la ley de paritarias de los judiciales afirmó que «Lo grave es que modifican una ley que fue consensuada con el  Tribunal Superior pero además que es competencia del Tribunal como lo expresa la ley 2986 de paritarias provincial», sostuvo. Explicó que  «A partir del artículo 28 de la ley 2986 que rige las paritarias a nivel provincial, el poder Ejecutivo invitaba al poder Legislativo y al poder Judicial a hacer su propia reglamentación en la esfera de su competencia y con sus particularidades. A partir de ahí es que nosotros nos ponemos a negociar con el Tribunal Superior y de hecho el proyecto de paritarias nuestro fue consensuado y luego presentado a la Cámara de Diputados que posteriormente lo aprobó sin cambios», recordó McNamara.  Esta nueva arremetida de la administración de Alicia Kirchner procura intervenir los convenios colectivos que rigen a los estatales, luego del fracasado proyecto del Instituto del Salario que el oficialismo pretendió imponer en septiembre del año pasado y que tuvo que retirar por presión gremial.