RÍO GALLEGOS.- Trabajadores del poder judicial decidieron hoy un paro total de actividades contra el proyecto del gobierno de modificar el convenio colectivo para limitar los aumentos salariales a las posibilidades presupuestarias de la provincia. La medida regirá hasta que el FPV retire el proyecto que ya fue aprobado en comisiones en la legislatura. La iniciativa parlamentaria que firman entre otros los kirchneristas, Matías Mazú, y Jorge Arabel,  propone modificar el artículo 8 de la Ley Provincial N° 3022 de Régimen de Paritarias para el Poder Judicial,  y condicionar de este modo los aumentos de los salarios, “a la realidad presupuestaria y financiera de la provincia”, reza el texto. Los trabajadores de la justicia provincial recuerdan que “tras 16 años sin paritarias ni convenios en Santa Cruz, producto de la inconstitucional ley de emergencia y superación de la emergencia económica, la obtención de la ley de negociaciones colectivas para el sector estatal en el agosto del año 2007 fue un paso inmenso para todos los trabajadores de la provincia y una avance en la relación de empleo como reza la misma ley», afirman. Consideran que «toda limitación, o distorsión de su objeto; toda intromisión por sobre el consenso de las partes, y todo acto unilateral, infundado, y coercitivo sobre los derechos adquiridos, es un retroceso normativo, social, político e histórico para el conjunto de los trabajadores santacruceños”, señanal los judiciales. Desde el sindicato, explicaron que: “en el derecho laboral como en todo derecho humano rige el principio de progresividad y no regresividad, esto es que no pueden retrotraerse derechos, estos siempre deben ir hacia adelante con una idea de justicia social, y con la finalidad de reducir la asimetría de poder existente entre trabajadores y patrones; por lo que cualquier limitación que se pretenda imponer es contraria a derecho”. Añaden que “al tratarse de mecanismos de negociación, el proyecto vigente y su reglamentación fue producto del “consenso” entre las partes: empleados y patrón, lo que le da absoluta legitimidad conforme el art. 63 de la Constitución Provincial: “El convenio colectivo, realizado libremente entre las partes interesadas, regirá el régimen de las condiciones de trabajo, no pudiendo la Provincia intervenir sino por medio del departamento provincial del trabajo, en caso de desacuerdo o conflicto irremediable”.