Por Héctor Barabino.- El ministro de Economía, Ignacio Perincioli, y la presidenta de la Caja de Previsión, Silvia Bande, responsabilizaron a los municipios por el déficit del régimen previsional, aunque no dijeron toda la verdad. O quizás la desconozcan. El incumplimiento de los municipios fue posible por la complicidad o la coerción del Ejecutivo provincial. Por otra parte, también omitieron contabilizar la deuda histórica acumulada por el gobierno provincial producto de los pagos en negro, o de la evasión del 10% del aporte patronal al régimen docente. El mensaje del ministro Perincioli se lee entre líneas: O se congelan los haberes, pagados mal y tarde, o se armoniza el sistema. El gobierno apuntó a los municipios como los principales responsables del desequilibrio financiero en la Caja de Previsión:  «Entre todos, la deuda acumulada, desde diciembre de 2015 a abril de este año, es de $3.112.497.770,86, por aportes que no transfirieron a la Caja de Previsión», sostuvo el ministro de Economía, Ignacio Perincioli. Aunque no dio cifras definitivas sobre el déficit total del sistema jubilatorio, para este año el gobierno prevé un rojo de $4.100 millones, de los cuales más del 75% es producto de los incumplimientos de los municipios que no pagan los aportes previsionale, según las declaraciones de los funcionarios. «La provincia afronta el pago de los pasivos de todos los municipios y comisiones de fomento, y se hace cargo de los aportes que las 20 jurisdicciones no transfieren a la Caja de Previsión», detalló la presidenta, Silvia Bande. El pago mensual de las jubilaciones insume alrededor de 610 millones de pesos, un total de 7.930 millones anuales. El mensaje entrelíneas del gobierno es claro: o se congelan los haberes o se armoniza el sistema Perincioli afirmó que “Hoy vemos que se pretende avanzar de nuevo con la unificación de todo el sistema, y que ya hay provincias que van en ese camino” dijo el ministro de Economía, a propósito de un informe del Gobierno Nacional, publicado en el diario la Nación esta semana, donde marcan que Santa Cruz tuvo en 2017, un déficit superior a los 3 mil millones, y transferencias de “apenas un 12,2 por ciento del total”, explicó el ministro. Los funcionarios justificaron que los haberes se paguen fuera de término, y defendieron la Caja en manos de la provincia. «Nadie dice que si hubiésemos armonizado la caja, los hubiésemos condenado a sufrir recortes en sus jubilaciones”,  señaló Bande.
«Agitar el fantasma de la armonización fue el recurso que siempre utilizó el gobierno a la hora de justificar la debacle del sistema previsional, debacle que por otra parte provocó el mismo gobierno en los 26 años que lleva al frente del Ejecutivo».
“Cuando a veces vemos un enojo porque no podemos pagar en las fechas en las que se pagaba cuando Nación no nos daba la espalda, también nos preguntamos por qué no estamos todos viendo la misma realidad. Por ejemplo, nadie dice que si hubiésemos armonizado la caja, los hubiésemos condenado a sufrir recortes en sus jubilaciones”, manifestó Silvia Bande Y el ministro de Economía, Ignacio Perincioli, fue más allá: «las jubilaciones de aquellas provincias que armonizaron, hoy corren peligro por el acuerdo con el FMI», indicó. Argumentó que con el cambio de Gobierno Nacional, «se intensificaron las presiones a las provincias para que armonizaran sus cajas hacia un sistema único, en el que claramente los jubilados santacruceños, entraban en una desventaja. Sucede que el sistema previsional provincial es más generoso que el nacional», se encargó de destacar el ministro.
«En la práctica el gobierno ya está armonizando, manteniendo sueldos congelados, y excluyendo a los jubilados de los acuerdos de sumas en negro, pactados con gremios afines «
Los municipios no cumplen con la ley, pero siempre cumplieron con el Ejecutivo provincial En cuanto a los aportes que los municipios no transfirieron a la Caja de Previsión, el ministro Perincioli aclaró que “no existe ninguna Ley que diga que los intendentes no deben hacer los aportes, ni hay ningún acuerdo que los exima, o ponga a la Provincia en la responsabilidad de hacer esos pagos», aseveró el funcionario. Lo cierto es que el primero en incumplir con la ley fue quien gobernó la provincia desde 1991, sobre todo Néstor Kichner, quien a medida que fue consolidando su poder y sumando intendentes aliados, estableció el esquema de asistir a los municipios para el pago de sueldos transfiriéndoles los montos líquidos, sin aportes, generando de este modo una deuda moral con el gobernador que luego se traducía en votos, y otra deuda física, concreta, con el sistema previsional, que luego se traducía en desfinanciamiento y vaciamiento. Así se gestó el esquema que hoy impacta en el presupuesto provincial, y en el bolsillo de los jubilados de hoy y de mañana.
«Esto es algo que la Gobernadora fue hablando con los intendentes y comisionados para tratar de ordenar, y la verdad es que la Provincia hace un esfuerzo enorme para juntar la plata del pago de jubilaciones”. Ignacio Perincioli.
Entre todos los municipios y comisiones de fomento, se deberían transferir a la Caja de Previsión Social, alrededor de 121 millones por mes, entre aportes y contribuciones, pero no sucede. En mayo, la administración de Alicia Kirchner, a través de la Caja de Previsión Social aportó un total de $92.493.597,01 para el pago directo a los 3.741 pasivos municipales. “Si los municipios afrontaran esa responsabilidad que tienen con sus jubilados, la situación de la Caja de Previsión sería muy diferente, y me parece que ya es hora de que todos los municipios, e incluso los gremios, se den una discusión sobre esto” sostuvo Perincioli. Los otros culpables, los «privilegiados» Otro de los sectores a quienes el gobierno acusa de ser los responsables del déficit os jubilados provinciales que perciben los haberes más altos, también son apuntados por el gobierno. «Mientras tanto, Santa Cruz no recortó jubilaciones, ni modificó la edad jubilatoria, y pese a la crisis, siguió pagando los haberes, que en algunos casos alcanzan los $250.000 mensuales», apuntó Perincioli. En este punto hay que aclarar que los montos aludidos son los que perciben un puñado de ex jueces y ex funcionarios judiciales y del Tribunal de Cuentas, y que en total no alcanzan al 2% de la masa salarial. Además se trata de haberes previsionales configurados dentro de la ley. La mejor forma de atacar el déficit previsional es comenzando por transparentar los números,  decir la verdad, y hacer una gran autocrítica. El gobierno tiene razones de sobra para hacerla.