RÍO GALLEGOS.- El juez de Primera Instancia Nro 2, Francisco Marinkovich, rechazó la ampliación de la denuncia del fiscal de Estado contra un grupo de jubilados, «por daños al edificio de la CPS», por considerar que las pruebas presentadas carecen de «rigurosidad», y luego de constatar la inexistencia de de dichos daños, ni bloqueo de la puerta de ingreso, ni quema de cubiertas como había denunciado el gobierno. En marzo el gobierno radicó una denuncia contra un grupo de jubilados que reclamaban el pago de sus haberes por daños y perjuicios “contra edificios públicos”,  y pidió embargarlos por un monto de 329.400 pesos. La presentación la realizó el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, y el abogado de ese organismo, Emilio Monzón, contra Villarroel, Ana Virginia, y otros,  miembros de la agrupación Jubilados Unidos en Acción. En abril, los denunciantes insistieron ante el juez para que efectúe una constatación del estado real del edificio a los fines de «constatar los hechos que venimos denunciando», precisaron Tanarro y Monzón. También solicitaron al juez que dicte una medida de «restricción de acercamiento respecto de los demandados al edificio de la Caja de Previsión», escribieron el fiscal de Estado, y el abogado de la fiscalía.
“Estamos preocupados porque el fiscal de estado pidió una restricción de acercamiento de parte de los jubilados demandados a la Caja de Previsión Social, que hoy esta desestimado, pero en cualquier momento, otro juez podría fallar distinto y no permitirnos acercar al edificio que es de los jubilados”; afirmó Ana Villarroel, una de las demandadas de la agrupación Jubilados Unidos en Acción.
El informe judicial dio resultado negativo  El 27 de abril y luego de inspeccionar el estado del edificio de la CPS para constatar los hechos denunciados, la titular de la Secretaría Nro Uno, informó al juez Francisco Marinkovich, que había observado la presencia de un grupo reducido de manifestantes, una persona tocando el redoblante, y muchos carteles pegados en los vidrios del edificio», pero que no observó a «ninguna persona realizando en ese momento la pega de carteles», así como tampoco «bloqueo alguno de la puerta de ingreso ni daños al exterior del edificio»,  detalló Silvana Varela en el informe. Y agrega que tampoco observó «rotura de cristales, ni la quema de cubiertas», en cercanías del organismo. Con estas pruebas el juez resolvió, rechazar la medida cautelar solicitada por la fiscalía de Estado. «Más allá de lo observado precedentemente, lo cierto es que la prueba acompañada no tiene suficiente rigurosidad en cuanto al detalle y a la posibilidad de vincularla con las personas demandadas», dice en su fallo el juez Marinkovich.     La denuncia es por daños contra los edificios de Casa de Gobierno, Caja de Previsión Social, Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social. Detalla rotura de “puertas, persianas, vidrios”, y “pegatinas” en los edificios. “Solicitamos que los responsables de los actos vandálicos respondan con su patrimonio particular y restituyan los gastos que demandará al gobierno la reparación de estos daños”, dice la denuncia.