RÍO GALLEGOS.-  La OIT (Organización Internacional del Trabajo),  el máximo organismo de control de las relaciones laborales que depende de las Naciones Unidas, intervino en la denuncia de la ADOSAC contra el gobierno de Santa Cruz por la retención indebida de más de $45 millones de de fondos sindicales, el incumplimiento de acuerdos paritarios, persecución,  y la aplicación de multas exorbitantes contra el gremio. El Comité de Libertad Sindical ante la OIT comunicó a la ADOSAC, que las denuncias contra el gobierno de Alicia Kirchner «que contiene alegatos sobre violación de los derechos sindicales en la Argentina» es la número 3.320 que se tramita ante ese organismo. También consignó que dichas denuncias fueron transmitidas al gobierno de Santa Cruz para que «tan pronto como sea posible», realice las observaciones que considere pertinentes y las comunique a la organización internacional. Por su parte la ADOSAC tiene un plazo de un mes para «enviar informaciones complementarias en apoyo de la queja», como asimismo la información «sobre eventuales acciones administrativas o judiciales planteadas en relación con los hechos denunciados», dice la nota firmada por Karen Curtis, jefa del Servicio de Libertad Sindical de la OIT. Vencidos dichos plazos, y aún en la hipótesis de que no se hayan recibido las observaciones, el organismo se abocará «en un plazo razonable», al tratamiento de las denuncias. La apropiación de fondos sindicales  En lo que va del corriente año la ADOSAC no ha sido convocada a paritarias salariales, lo que representa la decisión del gobierno de mantener congelados los sueldos docentes a valores de 2016. Además los maestros cobran sus salarios fuera de término y segmentados por porcentajes en 3 fechas distintas que nunca son anunciadas previamente. Los reclamos y las acciones gremiales planteadas por el gremio no tuvieron respuestas por parte de las autoridades, y suelen derivar en denuncias ante la justicia contra los dirigentes o el sindicato. A esto se suma que entre 2011 y 2015 la ADOSAC no percibe regularmente los depósitos de las cuotas sindicales que el estado provincial retiene a los afiliados,  situación que se agravó con la administración de Alicia Kirchner sumando a la fecha más de $45 millones. Cabe consignar que estos fondos indebidamente retenidos, configuran entre otros delitos el de apropiación indebida, y persecución sindical, toda vez que asfixia financieramente al gremio.