RÍO GALLEGOS.- Las sumas no remunerativas conocidas comúnmente como «salario en negro» porque evaden aportes al sistema de Seguridad Social, no serán reconocidos por el ministerio de Trabajo de la nación, a partir del decreto 633/2018 publicado ayer en el Boletín Oficial.
En Santa Cruz el estado provincial hizo abuso de esta modalidad salarial entre 1991 y 2007, cuando fue erradicado del recibo de los estatales. Sus consecuencias directas fueron el desfinanciamiento de la Caja de Previsión y de la obra social. Sin embargo en marzo de este año el gobierno volvió a reinstalar esta modalidad que fue aceptada por los gremios afines al kirchnerismo. 
La norma, que entrará en vigencia a partir de agosto, establece que «El Ministerio de Trabajo no dará curso, ni homologará o registrará (…) aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo», indica el artículo 4 del decreto 633/2018.
El decreto establece excepciones muy restrictivas, como viáticos, servicio de comedor y otros adicionales que no componen el salario. De este modo los aumentos salariales que se acuerden de ahora en más no podrán incluir sumas no remunerativas, toda vez que esta modalidad buscaba evitar o diferir el pago de aportes y contribuciones al sistema de Seguridad Social. En Santa Cruz las «sumas fijas no remunerativas» otorgadas por el estado provincial, fueron poblando el recibo de sueldo de los estatales al punto de constituir, como en el caso de los maestros, la mitad del salario que percibían. La consecuencia natural de esta práctica es una de las causas del desfinanciamiento que hoy registra la Caja de Previsión con un déficit que según el gobierno supera los $3.500 millones.  Otro tanto sucede con la Caja de Servicios Sociales, la que también fue vaciada de recursos, resistiendo las prestaciones que debiera brindar.
Por estas razones en el conflictivo 2007 docentes y estatales protagonizaron un extenso conflicto que incluyó paros y movilizaciones, hasta lograr que el gobierno accediera a blanquear los adicionales no remunerativos.
Sin embargo en marzo de este año, los gremios ATE, UPCN, y APAP, pactaron con el gobierno de Alicia Kirchner, una suma fija no remunerativa de 2.000 pesos, que además excluyó a los jubilados. Un acuerdo inédito en la provincia. Si bien el decreto nacional 633/2018 aplica sobre las relaciones laborales entre privados y rige para el estado nacional, y no obliga a las provincias a adherir, el espíritu de la norma sienta un precedente fundamental a la hora de las negociaciones paritarias. Cabe recordar que a instancias de los gremios afines del kirchnerismo, el gobierno de Santa Cruz elevó al rango de Ministerio la actual secretaría de Estado de Trabajo, que es donde se dirimen los conflictos laborales. El panorama salarial nacional dista mucho de la pauta cero de Santa Cruz La mayoría de las paritarias se cerraron con subas del 15 por ciento más cláusula de revisión, generalmente a partir de septiembre. El cambio de escenario macroeconómico -la inflación proyectada alcanza el 30 por ciento anual para diciembre- llevó al Gobierno a firmar, semanas atrás, un decreto en el que se comprometía a acelerar homologaciones de subas adicionales de 5 por ciento. Pero la coyuntura fue más allá y gremios y empresas, con venia oficial, actualizan paritarias en torno al 25 por ciento. La semana pasada, el sector del Comercio -la paritaria más grande de todas- firmó esa actualización del 10 por ciento, que servirá de referencia para el resto de los convenios. Al 15 por ciento acordado el 9 de marzo (10% en abril y 5% desde agosto), el sindicato y las cámaras empresarias acordaron 3 puntos más desde octubre, otro 3% desde noviembre y 4 por ciento adicional a partir de enero de 2019. El acuerdo se firmó en la sede del Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca. Semanas antes, el sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano había festejado una paritaria del 25 por ciento, aunque el Gobierno intentó aclarar que se trataba de una suba de 23 puntos porcentuales.