BUENOS AIRES.- Luego de las declaraciones del empresario Gabriel Romero quien aseguró haber pagado 600.000 dólares de coima, para que Cristina Fernández firme el decreto de concesión de la explotación de la Hidrovia del Río Paraná,  la expresidenta negó las imputaciones: «nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto», escribió en su cuenta de facebook. Al tiempo que calificó a los «arrepentidos» de «funcionarios de cuarta» quienes «nunca formaron parte de mis dos presidencias», aseguró. La senadora Cristina Fernández, quien está imputada en la causa que investiga el pago de coimas a funcionarios por parte de empresarios de la obra pública durante los doce años de gobierno del matrimonio Kirchner, escribió una dura respuesta a los arrepentidos, a quienes acusó de formar parte de una maniobra extorsiva que lleva adelante el juez de la causa, Claudio Bonadío. Allí desestimó los testimonios de los testigos arrepentidos, y negó que los funcionarios mencionados hayan formado parte de sus dos presidencias. Sin embargo unos de los principales imputados, Roberto Baratta,  se desempeñó como secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación durante los dos períodos de gobierno de Cristina Fernández. También Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete presidencial, quien además reconoció el pago de «aportes para la campaña» por parte de los empresarios de la obra pública. Otro arrepentido reciente, es el ex secretario de Obras Públicas, José López, quien también se desempeñó junto a Néstor Kirchner desde la intendencia de Río Gallegos, y los 12 años de gobierno provincial, y 12 de presidencias del matrimonio Kirchner. «Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida», tituló la expresidenta en su cuenta de facebook en la que acusó al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio por «el evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido», acusación que extendió también a la cúpula del Poder Judicial, a los medios de comunicación y al Gobierno por dar su «beneplácito» a una situación «escandalosa». «He decidido no hacer comentarios sobre remiseros “arrepentidos” que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también “arrepentidos”, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio», escribió Cristina Fernández. Aclaró que sin embargo «como ex presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero –nuevo “arrepentido”- que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial», dijo. La expresidenta explicó que el decreto que menciona el empresario Romero, era su obligación firmarlo luego de la existencia de un precontrato con Hidrovía, pero su firma la estampó luego de que intervino el congreso para salvar una serie de inconsistencias que perjudicaban a la empresa. La expresidenta realizó un detalle cronológico del trámite. Leer la explicación completa aquí.