RÍO GALLEGOS.- Diputados del Frente para la Victoria se reunieron nuevamente ayer con las autoridades del Banco Santa Cruz, y acordaron sin modificaciones la segunda prórroga por diez años del convenio de vinculación entre el poder Ejecutivo Provincial y la entidad bancaria para que continúe oficiando como agente financiero de la Provincia. El acuerdo, que no impuso ningún costo para el banco, ya fue firmado por Alicia Kirchner el 12 de septiembre a través del Decreto 0821. El convenio de vinculación entre el Estado Provincial y el Banco Santa Cruz fue firmado en octubre de 1998 luego de la privatización de la entidad durante el gobierno de Néstor Kirchner, a favor del grupo Eskenazi. Allí se establecieron las condiciones sobre las que operaría el Banco, con qué recursos contará, los servicios que la entidad prestará a la Provincia, y los costos financieros que ésta deberá abonar por cada operatoria. Aquel contrato fue por diez años, se renovó en 2008 y ahora la gobernadora Alicia Kirchner ya firmó una nueva prórroga bajo las mismas condiciones originales, donde los beneficios son para el accionista privado, y el capital, la cartera de clientes, y las “retribuciones” las pone la Provincia. En la sesión de hoy, los diputados darán tratamiento y se votará el proyecto 438/18 de ratificación del acuerdo que ayer tuvo despacho favorable en comisiones. El convenio lo firman el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura Ignacio Perincioli y el Vicepresidente Primero del Directorio del BSC, y apoderado Licenciado Claudio Adolfo Cánepa. Hay dos despachos, el del Frente para la Victoria, y uno por la minoría que rechaza el acuerdo. [caption id="attachment_41878" align="alignleft" width="1512"] El Decreto firmado por Alicia Kirchner el 12 de septiembre fue publicado el martes 23 de octubre[/caption] ¿Qué servicios presta el Banco al estado provincial? El acuerdo entre la Provincia y el Banco Santa Cruz S.A otorga exclusividad a la entidad en cuanto a la prestación de servicios como Caja Obligada y a su rol de Agente Financiero de la Provincia. A cambio el banco operará la bancarización de 70 mil sueldos de estatales, “todos aquellos dependientes del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, organismos descentralizados, autárquicos y sus dependencias”.  También incluye a los municipales. Se compromete a la apertura de Cuentas Sueldo para el pago de haberes y jubilaciones; el cobro de impuestos provinciales, la percepción de fondos por coparticipación Federal y fondos para Educación, y del impuesto a los combustibles, entre otros. ¿Qué recibe a cambio el estado que preservó para sí el 49% de las acciones?, nada. Por el contrario, es la provincia la que abona a la entidad una “retribución” por los servicios prestados: el 0,25% por apertura y mantenimiento de cuenta Sueldo,  y por pago de haberes. Cabe recordar que según la gobernadora Alicia Kirchner, “En sueldos se abonan mensualmente 2 mil millones de pesos”,  aunque las fuentes consultadas aún no pueden determinar sobre qué montos se aplica la comisión que debe pagar la provincia. Estas retribuciones (comisiones) el banco las debita de los fondos de la provincia. Cobro asegurado. Tanto como los débitos que por impuestos y servicios provinciales, préstamos, o tarjetas de crédito, el banco deduce mensualmente de los sueldos de los estatales, sin más plazos que el vencimiento de cada servicio. Aún si los titulares de las cuentas no percibieron sus haberes, una de las quejas más resonantes de los clientes, desoída por el Banco y por el gobierno. (Ver gráfico) ¿Cuáles son los recursos de la provincia que maneja el Banco?  El Banco opera actualmente y continuará haciéndolo de no mediar cambios introducidos por los diputados, los fondos provenientes de impuestos, tasas, y servicios provinciales, de la coparticipación Provincial a municipios, de la coarticipación Federal, Fondos de Educación, leyes especiales, impuestos a los Combustibles, y los cánones o regalías vigentes y los que se creen a futuro. ¿Qué obligaciones asume el Banco?  “Mantener al día en las sucursales de la Provincia, el pago de las obligaciones previsionales que le correspondieran en relación a sus empleados, y cumplir en tiempo y forma con todas las leyes aplicables en materia laboral y previsional”, así como “mantener el servicio bancario en las localidades en las que actualmente se prestan en las condiciones establecidas y prestar los servicios de eficiencia y transparencia de acuerdo a los estándares del mercado, entre otras”, formalidades que por otra parte están obligados a cumplir. [caption id="attachment_41881" align="alignleft" width="821"] Matías Mazú y el ministro de Economía, Ignacio Perincioli, reunidos con Alberto Vellio, Raúl Catapano y Marcelo Loncón, del BSC. Foto: La Vanguardia del Sur[/caption]   Los antecedentes  A finales de los ´90 el gobierno encabezado por Néstor Kirchner convocó a licitación pública nacional e internacional, para ceder un porcentaje mayoritario de las acciones del Banco estatal a capitales privados. La licitación fue ganada por el Banco San Juan SA, a quien el Decreto Provincial Nº1068/98 le adjudicó el 51% de las acciones. “Siempre dije que Kirchner era un negociador durísimo. Lo admiro en la forma, porque tiene un concepto intuitivo de la administración que es realmente empresario”,  declaró años después a la revista Fortuna, Enrique Eskenazi, dueño del Grupo que ya manejaba otros bancos provinciales, y ya tenía un pie en Santa Cruz en el rubro obra pública a través de su constructora Petersen Thielle & Cruz. Cuando compró el 51 % del Banco Provincia de Santa Cruz, Eskenazi tuvo dos prerrogativas que pocos negociantes logran: una cartera de clientes saneada a través del Banco Residual y una planta de personal reducida a su mínima expresión tras un proceso de retiros voluntarios que redujo al plantilla a 500 empleados, hoy son la mitad. En Banco Residual se merece un párrafo aparte, allí fueron a parar los irrecuperables doscientos millones de pesos/dólares que habían sido prestados a clientes flojos de garantías, entre los que figuraban funcionarios y amigos del gobierno, incluido actuales jueces supremos. Al frente quedó Roque Ocampo, hoy presidente del PJ.   ¿Qué dice el Banco Central sobre la elección del banco que le operará el sueldo? “Las entidades financieras también podrán abrir estas cuentas a solicitud de los trabajadores que perciban las remuneraciones a que se refiere este punto -primer párrafo y acápites a) y c) del segundo párrafo-, no requiriéndose la intervención del empleador en el proceso de apertura. A tal efecto, cuando los trabajadores posean abierta una caja de ahorros en pesos, podrán solicitar su transformación en cuenta sueldo”. Y en cuanto al cierre de las mismas, el Banco Central indica que “el cierre de las cuentas deberá ser comunicado por el empleador o por el trabajador cuando la apertura haya sido tramitada por el empleador. En el caso de que dicha apertura haya sido solicitada por el trabajador, el cierre deberá ser comunicado exclusivamente por este último. En ambos casos el trabajador podrá utilizar mecanismos electrónicos de comunicación, conforme a lo previsto en el punto 4.17”.