RÍO TURBIO.- El intendente Atanacio Pérez Osuna ya lleva 8 meses detenido en el penal de Ezeiza en una causa que investiga el pago de 50 millones de pesos por una obra que no se realizó, y su reemplazante concejal Nicolás Brizuela, acaba de ser desplazado de la presidencia del cuerpo por la concejal Claudia Pavez quien fue designada con el voto del FPV y la UCR. Acusan al diputado Mazú de estar detrás de la maniobra «para renovar fueros y no ir preso». El llamado de Pérez Osuna desde la cárcel en apoyo al concejal Brizuela. Desde la detención del intendente Atanacio Pérez Osuna procesado en la causa que investiga el pago de 50 millones de pesos a la firma Fainser SA, del también procesado Juan Carlos Lascurain, la ciudad comenzó a transitar un proceso institucional que nunca terminó  de normalizarse, y por el contrario se agravó con el intempestivo cambio de autoridades del Concejo ocurrida el jueves 01 de noviembre, que en la práctica designa al nuevo intendente interino. Esta alteración institucional pudo concretarse debido a que el intendente preso nunca renunció al cargo ni tampoco fue formalmente relevado por sus pares ya que existía un acuerdo en ese sentido. Brizuela rechaza su desplazamiento y pedirá la intervención del Tribunal Superior.  Asegura que la maniobra es obra del diputado Matías Mazú que busca renovar sus fueros ya que está procesado y con pedido de detención en la misma causa que Pérez Osuna. «Sigo siendo presidente del Concejo porque a mi no me notificaron de ninguna resolución donde conste mi desplazamiento», argumenta el concejal Brizuela mientras prepara junto a su abogado la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia denunciando el hecho. ¿A qué razones obedece el desorden institucional que impera en Río Turbio, y por qué no se pudo concretar una sucesión como manda la ley 55 que rige la vida de los municipios?, porque Pérez Osuna aún no renunció al cargo, por lo tanto percibe el sueldo de Intendente, y los concejales tampoco lo sustituyeron «porque hicimos un acuerdo entre los concejales ya que considerábamos que la detención de Atanacio era por lo menos injusta», comentó a Winfo Santa Cruz, Nicolás Brizuela, hombre del justicialismo y cercano al intendente detenido en Ezeiza. «Me llamó el mismo jueves en que la sesión aprobó mi desplazamiento para manifestarme su solidaridad y apoyo por el trabajo que habíamos hecho»,  precisó Brizuela quien el día de la detención del intendente en Buenos Aires se hallaba junto a él realizando gestiones conjuntas por la situación de YCRT. «Tuvimos 8 meses a cargo del municipio y en ese tiempo demostramos nuestra capacidad de trabajo», se defiende Brizuela y afirma que no vino a la política «para hacer negocios» sino para trabajar por la comunidad», manifesta. La elección de Brizuela como presidente del Concejo había sido ratificada tras la detención de Pérez Osuna   En noviembre de 2017, Nicolás Brizuela fue elegido presidente del Concejo Deliberante secundado por Bacilio López en la vicepresidencia. Así lo consigna la Resolución 061 con la firma de Zamir Zeidán de la UCR. El 15 de marzo, diez días después de la detención «sorpresiva» del intendente Atanasio Pérez Osuna en un hotel de Capital Federal, el Concejo Deliberante emite la Resolución 02/2018 mediante la cual ratifica a Brizuela en la presidencia del cuerpo, pero en lugar de Bacilio López designa a Claudia Pavez (FPV) como vicepresidenta. Según el abogado Sandro Levín, patrocinante del concejal Brizuela, «de acuerdo a esta Resolución las autoridades del Concejo Deliberante elegidas en noviembre del 2017, deben permanecer en sus cargos hasta el 15 de marzo del 2019 cuando se cumple un año de mandato, que es el plazo estipulado en la Ley 55. El letrado sostiene que si bien la ley no es taxativa en cuanto a qué sucede en caso de detención del intendente, el hecho de estar privado de libertad le impide ejercer el cargo «por lo cual debería terminar su mandato quien está a cargo del Ejecutivo hoy», especifica. Mientras tanto la nueva presidente del Concejo Deliberante, asumió sus funciones y en uso de sus atribuciones  nombró a nuevos funcionarios en las distintas áreas.  «Todos mis funcionarios quedaron afuera,  venían de Atanacio Perez Osuna», señaló Brizuela, quien cuestiona a sus pares por no haber respetado el acuerdo que avaló -incluso con su firma- a Pavez para ocupar la vicepresidencia: «ahora tiene toda gente del diputado Mazú trabajando con ella», asegura. Clauda Pavez también está convencida de que la detención de Pérez Osuna es “ilegal, arbitraria e injusta” y que  el intendente aún en funciones aunque detenido en el penal de Ezeiza, «es un preso político de este gobierno nacional».  Pérez Osuna era interventor de YCRT y Matías Mazú, intendente, cuando se pagaron los 50 millones de pesos a Fainser.  El pedido de desafuero del diputado Mazú solicitado por el juez Luis Rodríguez, fue rechazado por  los legisladores del FPV. El concejal está convencido que detrás de la maniobra que lo dejó aufera de la intendencia interina está operando el diputado Matías Mazú, «queriendo salvar su situación legal»,  por su condición de procesado con pedido de detención en la causa del pago de 50 millones de pesos a la firma Fainser SA, por la pavimentación de la Avenida YCF una obra que nunca se inició. La apoderada de la constructora es la abogada Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner. ¿Que dice la ley?  El artículo 34 de la Ley 55 establece que «En los casos de vacancia, ausencia u otro impedimento del jefe del departamento ejecutivo, ejercerá sus funciones el Presidente del Concejo Deliberante. En los casos de vacancia del Intendente y faltando menos de dos años para terminar su período, éste será completado por su reemplazante, en caso contrario se convocará al pueblo a elecciones extraordinarias dentro de los 90 días de producida la vacancia. Cuando el Presidente del Concejo deba completar el mandato del Intendente, se incorporará al Cuerpo el suplente que corresponda en el orden de lista para integrarlo», reza el párrafo que no deja lugar a dudas respecto de su implementación.