RÍO GALLEGOS.- El Gremio de empleados Judiciales presentará hoy una nota a la Presidenta del Consejo de la Magistratura ante las inminentes reformas al reglamento para la selección de jueces, que priorizan las entrevistas personales por sobre los exámenes y antecedentes de los postulantes. Piden un debate profundo y participativo, y advierten que en el reciente proceso de evaluación para cubrir una vacante en la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial existió una alteración del orden de mérito establecido al finalizar las entrevistas personales. Destacan la importancia de la evaluación psicológica de los aspirantes a ocupar una magistratura.
A través de una nota dirigida a la Presidencia Del Consejo de la Magistratura, dra Alicia de los Angeles Mercau, La Asociación de Empleados Judiciales, expresa que la intención de priorizar el contacto personal con los concursantes, por sobre la evaluación de antecedentes y los exámenes, «per se, es una instancia que reviste importante margen de subjetividad y discrecionalidad en las decisiones finales, sean favoreciendo o perjudicando a determinados concursantes», aseguran.Basan su apreciación en «la existencia de lo que consideramos serias irregularidades surgidas en el procedimiento de evaluación del último concurso desarrollado en esta ciudad, para la selección de terna de aspirantes a cubrir la vacancia existente en la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial».Aseguran haber tomado conocimiento que en dicho concurso se alteró el orden de mérito establecido al finalizar las entrevistas personales, «lo cual, de ser así, se constituiría como una grave falta de ese Consejo en el desempeño de sus funciones», por lo cual piden que esta circunstancia «sea resuelta respetando los principios constitucionales y normas que regulan el funcionamiento del Consejo de la Magistratura». Califican de «arbitrariedad y vergonzosa falta de ética y transparencia» la modalidad de selección de la terna referida». Para el gremio, los ejes de Antecedentes y Examen de oposición deben estar muy por encima de la instancia de entrevistas personales.
Piden que haya «un debate más profundo e incluyente a las modificaciones que se pretenden introducir», ya que de lo contrario «la solución que se pretende brindar, podría causar más daño al no establecer un correcto sistema que defina al candidato mas idóneo, y que cuente con las condiciones psicológicas fundamentales para cubrir, una vez más, juzgados sensibles».
Destacan la importancia de habilitar a los diferentes actores sociales a impugnar las candidaturas de forma justificada. Entendiendo la importancia del acceso a justicia y de la necesidad de modificar paradigmas que hacen de la jusSostienen que en situaciones de disidencia, «éstas puedan ser analizadas y discutidas conforme los parámetros de mayor idoneidad para el cargo aspirado, contenido en la Constitución Provincial».En cuanto a la propuesta de disminución de valores en rubros que componen antecedentes, «este gremio expresa su disconformidad, por correrse el riesgo de desacreditar un aspecto vital y objeto de la evaluación, como es la formación, especializaciones, trayectoria profesional y carrera judicial de un postulante». Además de lo anterior, solicitan que los exámenes de oposición contemplen el anonimato de los concursantes para garantizar la debida imparcialidad en las correcciones a cargo del Jurado. Rechazan el aumento de puntaje de evaluación de entrevistas personales, «toda vez que sin restarle mérito como parte del proceso evaluativo, en el ánimo de establecer contacto personal con los concursantes, per se, es una instancia que reviste importante margen de subjetividad y discrecionalidad en las decisiones finales, sean favoreciendo o perjudicando a determinados concursantes y que, una vez más, tiñe el proceso de selección de un manto de duda sobre las conveniencias políticas circunstanciales por sobre la idoneidad del concursante a la hora de otorgar dicho puntaje». En este sentido ratifican «la propuesta realizada en el mes de junio del año en curso, esto es, que la entrevista personal se mantenga en 100 puntos o bien, que se disminuya a 50 puntos». La importancia de la evaluación psicológica de los aspirantes a una magistratura Desde el gremio destacan la importancia de que la evaluación psicológica adquiera mayor relevancia y objetividad en las decisiones, en principio, que sea efectuada por más de un profesional proponiendo remitirse al Colegio de Psicólogos, y que se desafecte al Lic. Gastón Mendicoa para dicha labor, a efectos de garantizar imparcialidad, siendo de público conocimiento que el mismo desarrolla sus funciones en el Poder Judicial». «En varias oportunidades hemos señalado la improcedencia de que dicho profesional –perito judicial- efectúe intervenciones al interior del propio Poder Judicial (evaluaciones de compañeros o Funcionarios por diferentes motivos o denuncias), y en la misma línea, nos oponemos a que participe de la selección de postulantes para Magistraturas inferiores, cuando en más de una oportunidad se trata de compañeros de trabajo y/o superiores con los que desenvuelve su tarea habitual, aspecto que quita neutralidad, objetividad y transparencia al proceso». De la misma manera, precisan que la evaluación psicológica debe incluir ineludiblemente la especialidad de psiquiatría (lo que existe en varios Reglamentos de otras provincias), y que ha de ser excluyente en casos donde se advierten indicadores de afectación severa de la personalidad o perfiles psicopatológicos que luego tendrán grave incidencia en la función de un Magistrado. En este punto recuerdan la normativa que rige para el ingreso de agentes judiciales al Poder Judicial, «donde contamos con varios antecedentes de personas que no ingresaron al mismo como resultante de la evaluación negativa de apto psicológico, lo que en el caso de un aspirante a Magistratura debería revertir mayor trascendencia por la responsabilidad del cargo a ocupar y las consecuencias nocivas que derivan de determinadas patologías o perfiles de personalidad en el futuro ejercicio de sus funciones, para con el personal, superiores y justiciables determinantes en el buen desarrollo laboral cotidiano y en el trato y la respuesta que se da a los justiciables». Por último, insisten en que la etapa de entrevistas personales contenga una instancia pública «como principio de respeto a valores democráticos, transparencia y derecho a la participación e información, en la modalidad que resulte más operativa, preservando la reserva de la instancia de debate de los Consejeros sobre el puntaje de estas. Subrayamos aquí que la Ley 2552 no exige reserva de esta etapa.»