PICO TRUNCADO.- La jueza, Gabriela Zapata, dictó la medida de innovar respecto de la reforma de la Ley Nº1 “Orgánica de la Justicia”, en lo que respecta a las incompatibilidades de los abogados en el ejercicio de la función pública. Es a raíz de la cautelar interpuesta por el concejal Lucas Chacón, planteando la inconstitucionalidad de la reforma votada por el kirchnerismo en la legislatura. La magistrada dispuso suspender los efectos de la norma que obliga a los abogados que ejercen cargos públicos a renunciar a una de las dos actividades, hasta tanto se dirima la cuestión de fondo. La ley 3628, impulsada y votada en la legislatura por el bloque del Frente para la Victoria, modifica el artículo 116 de la Ley 1, en lo que respecta a las incompatibilidades de los profesionales de la abogacía, cuando ejercen cargos públicos. Qué dice la ley 3628 El proyecto con las reformas, aprobado el 22 de noviembre por los diputados del FPV y convertido en ley 3628 que ya fue publicada en el Boletín Oficial el 4 de diciembre, prohibe el ejercicio de la profesión a los abogados «por incompatibilidad absoluta» con el cargo de Presidente y Vicepresidente de la Nación, ministros nacionales, el gobernador y vicegobernador de Santa Cruz, los ministros provinciales, miembros del Tribunal de Cuentas, intendentes, concejales, legisladores provinciales, y el Fiscal de Estado, quienes presten servicio para el estado provincial, entes autárquicos, «mientras duren sus mandatos». El bloqueo de título también alcanza a funcionarios, magistrados y empleados del Poder Judicial, incluso aquellos que estén jubilados no podrán ejercer un cargo público antes de que transcurran cinco años en esa condición, y también alcanza al personal jerárquico de la Policía Provincial. Cautelar y medida de no innovar El concejal y también abogado, Lucas Chacón, interpuso una medida cautelar ante el juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería nro 1 de Pico Truncado, a cargo de la dra Gabriela Zapata, planteando la inconstitucionalidad de la reforma: «yo trabajo hace 18 años en mi profesión y a partir de la reforma ni siquiera me permitieron firmar un escrito»; contó a Winfo Santa Cruz, el letrado. El 14 de diciembre la jueza Zapata dictó la medida de no innovar «respecto al dr Lucas Chacón en su calidad de abogado y Concejal», y suspendió la aplicación del artículo 116 de la Ley 1, y del 116 Bis,   reformado por ley 3628, «en relación a aquellas causas judiciales en trámite, donde el letrado presentante tenga participación, ya sea como patrocinante o apoderado», escribió la magistrada. «Cabe considerar en primer término que la medida de no innovar procura impedir que durante la secuela del juicio se modifique la situación de hecho o de derecho existentee, en el momento de la notificación de la demanda, evitando que se torne ilusorio el eventual derecho que le pueda corresponder al reclamante», fundamentó la dra Zapata. El dr Chacón explicó que la medida de no innovar «me la aplican a mí en en el ejercicio de la profesión, por tratarse de una presentación individual», explicó el letrado, quien adelantó que ahora interpondrá un recurso de amparo, solicitando la inconstitucionalidad de la norma. «No nos dan opciones, o dejamos la profesión o renunciamos a la función pública», comentó un letrado a Winfo Santa Cruz, consideran que la nueva ley los discrimina y les coarta el derecho a trabajar en sus profesiones, con el agravante que en la mayoría de los casos los abogados tienen procesos en trámite y ahora deben abandonarlos sopena de ser sancionados por incumplimiento de la nueva normativa. El dr Chacón cuestionó además que las reformas fueron inconsultas,  «no se convocó a los gremios, ni a las asociaciones de magistrados o de abogados», planteó. En el mismo sentido reclamó la Asociación de Abogados de Río Gallegos, «Lamentamos asimismo que nos negaran la posibilidad de ser recibidos en la Comisión de Asuntos Constitucionales de manera previa al tratamiento de la Ley en el recinto, pese a haberlo solicitado; aprobándose de manera “express” una ley que afecta gravemente a nuestro colectivo sin que se nos permita ser escuchados2, dijeron. Remarcaron que se el gobierno «nos siga negando la posibilidad de contar con una ley específica que regule nuestra profesión de manera integral y razonable, y nos otorgue la regulación de la matrícula a los propios abogados; ratificando nuestro apoyo al proyecto de Ley de Colegiación que actualmente posee estado parlamentario, que es idéntico al que se presentara en la Legislatura en dos oportunidades desde el año 2014 y que contara con el consenso de los letrados del foro, y que regula el régimen de incompatibilidades, remitiéndonos al mismo». La Ley 3628 establece en el artículo 116 Bis, que  los abogados comprendidos en el nuevo régimen de incompatibilidades, «deberán comunicar esta circunstancia» a los órganos y autoridades competentes «dentro de los diez días corridos posteriores a la producción del hecho», de lo contrario serán sancionados. «Nos afecta en el libre ejercicio de nuestra profesión, por lo cual se evaluarán las acciones a seguir», adelantaron desde la Asociación de Abogados. Para el gobierno las reformas procuran terminar con las «confusiones»  

Fiscal de Estado Fernando Tanarro

Molesto con sus colega el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, manifestó que  “decir que salió una ley exprés es una falta de respeto. Lo que se aprobó fue un proyecto que estuvo consensuado con el Poder Judicial y muchísimos colegas que aportaron lo suyo”, apuntó. Argumentó que las modificaciones buscan «resolver la cuestión de las subrogancias; algo que llamativamente siempre había solicitado la asociación”, declaró a Tiempo Sur. Respecto de las incompatibilidades, el Fiscal indicó que las mismas “se ordenan” porque actualmente “surgían de distintas leyes que daban lugar a confusiones”. Asimismo, sobre la prohibición para que los jueces y funcionarios jubilados ejerzan la profesión en el mismo fuero donde se desempeñaron, Tanarro precisó que “ahí se regula una cuestión de competencia desleal, amén de ética que se daba en algunos juzgados, en donde los jueces al día siguiente de jubilarse litigaban e inclusive patrocinando a quienes habían estado juzgando”.