Por: Héctor Barabino.- RÍO GALLEGOS.- El reciente fallo de la Corte Suprema que objetivamente convalida la Ley de Lemas,  previsible y tardío,  provocó desazón y cierta indignación en una parte de la sociedad que esperaba un fallo más acorde con el reclamo de mayor transparencia y racionalidad a la hora de elegir a sus representantes. Para colmo, la Corte le da la razón en este punto: «esta decisión no salva la baja calidad institucional reprochada al sistema de lemas o de doble voto simultáneo», reconocen los jueces supremos. «Un sistema electoral puede resultar inconveniente, no por ello es necesariamente inconstitucional», sentenciaron. Concluyeron por unanimidad que «la Ley de Lemas de la provincia de Santa Cruz es una cuestión de derecho público local, en respeto de la autonomía de las provincias», dejaron escrito en el fallo que dio la razón histórica al kirchnerismo en Santa Cruz. La impresión que deja esta decisión es que los jueces quisieron sacarse de encima un expediente molesto porque viene amañado de origen,  y porque a pesar de la insignificancia del tema para el universo de los grandes asuntos de interés para la República sobre los que debe decidir la Corte, la Ley de Lemas cobra voltaje porque involucra a la provincia de la poderosa ex presidenta Cristina Fernández y la interpela a ella misma como autora y gestora del desprestigiado sistema electoral. Uno de los argumentos que esgrimieron los ministros de la Corte para rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la ley de Lemas, es que «no afecta el sistema republicano», lo que en términos jurídicos a partir de ahora será indiscutible pero no erradica las dudas que surgen si se conjugan las dos afirmaciones que pueden leerse en la sentencia: por un lado dice que el sistema electoral vigente en Santa Cruz es de baja calidad institucional, pero no obstante considera que el devaluado intrumento electoral no afecta al sistema republicano. Si partimos de la base de que la Ley de Lemas no fue pensada en Santa Cruz para dotar de calidad institucional al sistema sino para ganar una elección a cómo de, y luego vemos que el resultado es la llegada al poder de gobernantes deslegitimados, este esquema retorcido, ¿no afecta el sistema republicano?. Si ese gobernante,  en ancas de la ley de Lemas para perpetuarse en el poder, luego tergiversa la representativdad legislativa a expensas del mismo instrumento electoral para sumar mayorías automáticas en la legislatura, para después ampliar el número de jueces del Tribunal Superior y sumar más mayorías automáticas, y finalmente fuerza la constitución con el solo fin de crear las condiciones para reelegirse indefinitivamente,  esta cadena de estropicios institucionales cometidos a conciencia, ¿no afecta el sistema republicano? Evidentemente para la Corte Suprema y para los mandaderos jueces provinciales, no. De eso no se habla Quizás el mejor ejemplo del desencuentro, si no jurídico al menos emocional, que provoca el fallo de la Corte sea el que escribieron los jueces supremos en el siguiente párrafo: «La autonomía de las provincias tiene límites cuando se afecta la forma republicana de gobierno. Ese límite -recordaron los ministros- se franqueó cuando en 2013 la justicia de la provincia de Santiago del Estero intentó forzar el texto de la constitución provincial para permitir que el entonces gobernador se presentase a un tercer mandato cuando la Constitución no lo permitía. En aquella oportunidad este Tribunal no admitió que se alterara ese texto por fuera del mecanismo de reforma constitucional previsto, y con el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de la máxima magistratura provincial a quien ya llevaba ocho años ininterrumpidos en ella». En este caso planteado por la UCR de la provincia de Santa Cruz, (amparista) los ministros entendieron que no se había demostrado una situación equiparable a la descripta en Santiago del Estero. Por esta razón, sostuvieron que la controversia era propia del derecho de la provincia de Santa Cruz y que debía ser resuelta por sus propias instituciones judiciales. Un problema que deben resolver los santacruceños.