actualidad.Peralta ante el fallo adverso: "La corte me mandaba a hacer lo mismo que hicieron con Sosa pero con Espinoza pero nunca me dijo cómo"
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RÍO GALLEGOS.- El ex gobernador Daniel Peralta, fue condenado a un año de prisión en suspenso por incumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de reponer al ex fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Eduardo Sosa. El fallo del juzgado Federal de Río Gallegos lo firmó el juez Subrogante, Guido Otranto.
A 9 años de la orden de la Corte Suprema de reponer el dr Eduardo Sosa en el cargo de Procurador del que fue desplazado en 1995 a través de mecanismos inconstitucionales, y por una orden política del entonces gobernador Néstor Kirchner, el juzgado Federal condenó al ex gobernador Daniel Peralta a la pena de un año de prisión en suspenso, decisión que ya adelantó el ex mandatario, "Vamos a apelar ni bien conozcamos los fundamentos", adelantó a Winfo Santa Cruz.
Daniel Peralta había sido denunciado por el delito de desobediencia, por haber incumplido la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 20 de octubre de 2009 -y reiterada en fecha 10 de noviembre del mismo año-, mediante la cual se le ordenaba reponer en su cargo al procurador por ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Eduardo Sosa, ello conforme a Ley 2.404, de cumplimiento inexcusable por parte de autoridad provincial alguna, como así también que no le era oponible la inamovilidad o estabilidad de quien ocupe el cargo en ese momento.
"La corte me mandaba a hacer lo mismo que hicieron con Sosa pero con Espinoza pero nunca me dijo cómo", señala Peralta, quien sigue pensando que la acción ordenada por la Corte Suprema "puso en mi responsabilidades del Poder Legislativo como lo son la remoción y el nombramiento de jueces, por lo tanto me ponía en condición de juicio político", explica.
Remarca que lo ordenado por la Corte, "Vulnera la Constitución Provincial, la inamovilidad de loa funcionarios judiciales, la división de poderes, entre otras cosas", asegura.
Sostuvo que con el patrocionio de sus abogados Carlos del Mármol, "y probablemente con el acompañamiento del dr Miguel Arce Ageo, apelarán el fallo del juez federal Miguel Otranto.
En cuánto a cuáles serían las consecuencias del fallo tanto para él como para la situación del ex Procurador Sosa, Peralta responde enfático: "Ninguna. El dr Sosa ya está jubilado, y para mí en caso de quedar firme después de las apelaciones que vamos a hacer, sería eso un año en suspenso que se cumpliría y listo", declaró a Winfo Santa Cruz.
El repaso del Caso Sosa y el acto "contra la intervención federal" que encabezó el ex presidente Kirchner junto a Daniel Scioli y otros gobernadores. Es la historia de una desobediencia que si bien pone ahora al ex gobernador Peralta en el banquillo, tiene detrás una extensa lista de responsables institucionales y políticos de uno de los casos emblemáticos de manipulación y avasallamiento de la justicia en la Argentina. Qué dice el fallo del Juez Otranto
En línea con lo oportunamente requerido por el fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, Julio Zárate, el juez federal subrogante de dicha jurisdicción, Guido Otranto, rechazó el pedido de extinción de la acción penal por prescripción y afectación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable, solicitada por la defensa del ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Román Peralta, y lo condenó a la pena de un año de prisión en suspenso, como autor del delito de desobediencia a un funcionario público.
En su indagatoria, Peralta sostuvo que no podía dar cumplimiento a la orden, ya que los nombramientos eran facultad del Poder Legislativo, al tiempo que -en ese momento- el cargo de Agente Fiscal ya estaba siendo ejercido por otro funcionario, el cual tenía derechos adquiridos, no pudiendo ser removido sino era a través del juicio político. En virtud de ello, procedió a dictar el Decreto 3026/09 en el cual, desoyendo lo ordenado por la CSJN, solicitó a la Honorable Cámara de Diputados provincial, que procediera a la creación de un nuevo cargo de Agente Fiscal, distribuyendo las competencias entre ambos.
Tras ello, la jueza Andrea Askenazi Vera dispuso su sobreseimiento, lo que motivó la apelación de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo de Gonzalo Miranda. En su presentación, el representante del Ministerio Público se agravió de que la magistrada había “efectuado un erróneo análisis de las circunstancias del caso relacionadas directamente con su objeto y la adecuación del mismo en orden a los tipos penales circunscriptos realizándose una valoración que excede la etapa que se transita” y, en línea con los argumentos de la sentencia de la CSJN y señaló que “las razones que el propio Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz esgrimió para declarar la inconstitucionalidad del artículo 9°, segundo párrafo, de la ley 2.404… se hizo hincapié en la trascendencia institucional de la cuestión debatida en autos, en que la norma impugnada desconocía la garantía de la estabilidad judicial del actor consagrada en una disposición superior, de rango constitucional, y se destacó que no sólo afectaba derechos subjetivos, susceptibles de ser reparados patrimonialmente, sino que agredía el funcionamiento de las instituciones republicanas de la provincia, al desconocer que la garantía de estabilidad de jueces y funcionarios de los ministerios públicos era esencial para preservar la independencia del Poder Judicial”.
Finalmente, en febrero de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Río Gallegos, revocó la resolución de la jueza interviniente y dictó el procesamiento de Peralta, en orden al delito de desobediencia, sobre el argumento de que “si bien el gobierno federal no puede impedir o estorbar a las provincias en el ejercicio de los poderes que no ha delegado o se han reservado (art.126 C.N.) éstas pueden ejercer su autonomía provincial en forma legítima, siempre que se mantengan dentro de los límites señalados por los poderes conferidos al gobierno nacional (conf. Fallos 193:496), en tanto ‘Los poderes de las provincias, por amplios que sean, debe ser ejercidos con las limitaciones establecidas en la Constitución Nacional’ (Fallos 184:223; 186:531)”.
Asimismo, agregaron que “dado que el imputado no realizó lo ordenado, entendiendo como tal al cumplimiento exegético de la manda, ya que el Dr. Sosa nunca fue repuesto en el cargo de Agente Fiscal, se debe concluir, que la acción típica prevista en el art. 239 CP, se habría configurado en la especie”.
La investigación siguió su curso y, ya iniciado el debate oral, al momento de presentar su alegato, la defensa de Peralta solicitó la extinción de la acción penal por prescripción y afectación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable, ante el cual el representante del Ministerio Publico hizo hincapié en que no se había configurado dicho instituto, como así también, que el derrotero del expediente sufrió la demora normal en el tratamiento de los varios planteos realizados por la defensa; luego de los alegatos el pedido de prescripción fue rechazado por el Juez Federal Subrogante de Río Gallegos, Guido Otranto, quien lo condenó a la pena de un año de prisión en suspenso y las costas del proceso. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo jueves 6 de diciembre, a las 10:00 hs. a través del sistema de videoconferencia.
Con información del Sitio Fiscales.gob.ar
Es la historia de una desobediencia que si bien pone ahora al ex gobernador Peralta en el banquillo, tiene detrás una extensa lista de responsables institucionales y políticos de uno de los casos emblemáticos de manipulación y avasallamiento de la justicia en la Argentina.
Qué dice el fallo del Juez Otranto
En línea con lo oportunamente requerido por el fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, Julio Zárate, el juez federal subrogante de dicha jurisdicción, Guido Otranto, rechazó el pedido de extinción de la acción penal por prescripción y afectación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable, solicitada por la defensa del ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Román Peralta, y lo condenó a la pena de un año de prisión en suspenso, como autor del delito de desobediencia a un funcionario público.
En su indagatoria, Peralta sostuvo que no podía dar cumplimiento a la orden, ya que los nombramientos eran facultad del Poder Legislativo, al tiempo que -en ese momento- el cargo de Agente Fiscal ya estaba siendo ejercido por otro funcionario, el cual tenía derechos adquiridos, no pudiendo ser removido sino era a través del juicio político. En virtud de ello, procedió a dictar el Decreto 3026/09 en el cual, desoyendo lo ordenado por la CSJN, solicitó a la Honorable Cámara de Diputados provincial, que procediera a la creación de un nuevo cargo de Agente Fiscal, distribuyendo las competencias entre ambos.
Tras ello, la jueza Andrea Askenazi Vera dispuso su sobreseimiento, lo que motivó la apelación de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo de Gonzalo Miranda. En su presentación, el representante del Ministerio Público se agravió de que la magistrada había “efectuado un erróneo análisis de las circunstancias del caso relacionadas directamente con su objeto y la adecuación del mismo en orden a los tipos penales circunscriptos realizándose una valoración que excede la etapa que se transita” y, en línea con los argumentos de la sentencia de la CSJN y señaló que “las razones que el propio Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz esgrimió para declarar la inconstitucionalidad del artículo 9°, segundo párrafo, de la ley 2.404… se hizo hincapié en la trascendencia institucional de la cuestión debatida en autos, en que la norma impugnada desconocía la garantía de la estabilidad judicial del actor consagrada en una disposición superior, de rango constitucional, y se destacó que no sólo afectaba derechos subjetivos, susceptibles de ser reparados patrimonialmente, sino que agredía el funcionamiento de las instituciones republicanas de la provincia, al desconocer que la garantía de estabilidad de jueces y funcionarios de los ministerios públicos era esencial para preservar la independencia del Poder Judicial”.
Finalmente, en febrero de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Río Gallegos, revocó la resolución de la jueza interviniente y dictó el procesamiento de Peralta, en orden al delito de desobediencia, sobre el argumento de que “si bien el gobierno federal no puede impedir o estorbar a las provincias en el ejercicio de los poderes que no ha delegado o se han reservado (art.126 C.N.) éstas pueden ejercer su autonomía provincial en forma legítima, siempre que se mantengan dentro de los límites señalados por los poderes conferidos al gobierno nacional (conf. Fallos 193:496), en tanto ‘Los poderes de las provincias, por amplios que sean, debe ser ejercidos con las limitaciones establecidas en la Constitución Nacional’ (Fallos 184:223; 186:531)”.
Asimismo, agregaron que “dado que el imputado no realizó lo ordenado, entendiendo como tal al cumplimiento exegético de la manda, ya que el Dr. Sosa nunca fue repuesto en el cargo de Agente Fiscal, se debe concluir, que la acción típica prevista en el art. 239 CP, se habría configurado en la especie”.
La investigación siguió su curso y, ya iniciado el debate oral, al momento de presentar su alegato, la defensa de Peralta solicitó la extinción de la acción penal por prescripción y afectación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable, ante el cual el representante del Ministerio Publico hizo hincapié en que no se había configurado dicho instituto, como así también, que el derrotero del expediente sufrió la demora normal en el tratamiento de los varios planteos realizados por la defensa; luego de los alegatos el pedido de prescripción fue rechazado por el Juez Federal Subrogante de Río Gallegos, Guido Otranto, quien lo condenó a la pena de un año de prisión en suspenso y las costas del proceso. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo jueves 6 de diciembre, a las 10:00 hs. a través del sistema de videoconferencia.
Con información del Sitio Fiscales.gob.ar