RÍO GALLEGOS.- La presidente del Consejo de Educación, Cecilia Velázquez, instruyó la sustanciación de un sumario administrativo contra los vocales docentes en las Juntas de Clasificación a quienes la vocal del Poder Ejecutivo en la Junta de Clasificación inicial y Especial, Alejandra Gandolfo, acusó de haber manipulado los puntajes docentes en el sistema informático. Los docentes denunciados fueron apartados del cargo «preventivamente», hasta tanto se investigue el hecho. Según la Resolución 322/2019 firmada por la presidenta del CPE, profesora Cecilia Velázquez,  «Hay evidencias de que en el período comprendido entre el 21 de enero y el 26 de febrero», los vocales profesores, Sandra Araujo, Marcelo Vera y Verónica Lamberti, «habrían ingresado al sistema informático con el propósito de manipular el estado de mérito y puntaje y habrían suprimido la valoración correspondiente al ítem de valoración dispuesto mediante Resolución 066/2018», consigna el instrumento legal. La referida Resolución 066 es la que otorga puntaje por presentismo. La denuncia de la vocal del Poder Ejecutivo en la Junta de Clasificación inicial y Especial, Alejandra Gandolfo, fue radicada ante la Fiscalía de Instrucción Nro 2. La ADOSAC acusa a Velázquez de «intolerancia y totalitarismo». El texto del documento emitido por el gremio docente Como ya habíamos denunciado días atrás, ratificándolo en la paritaria, la presidencia del CPE se resiste a las prácticas democráticas, no respeta la composición actual de los cuerpos colegiados y sobre todo no tolera no poder imponer su autoritarismo. En ese lugar los vocales de extracción gremial se encuentran resistiendo la violencia institucional que la presidencia trata de imponer permanentemente, con aprietes propios de una dictadura militar, designaciones ilegales de representantes del ejecutivo y el colmo de la incapacidad lo encontramos forzando a una persona ajena a las vocalías a valorar los legajos. No parece tener límite el desquicio de ésta gestión, al despido masivo de docentes con la implementación del SIGO, la superpoblación de las aulas, la distorsión de la carrera docente con la Resolución 066/18, los descuentos brutales en los salarios, la destrucción edilicia y los incumplimientos paritarios, se suma ahora esta decisión de separar a los vocales electos del resguardo de los legajos e intervenir los organismos técnicos que resisten las injusticias del poder de turno. Esta nefasta iniciativa no es nueva, es una copia de lo que Larreta y Macri hicieron en la ciudad de Buenos Aires, otra gran contradicción para una gestión que oscila entre el discurso populista berreta y la práctica neo-facista de derecha. No permitiremos bajo ningún punto de vista que la intolerancia y el autoritarismo de una gestión que no solo no conoce el sistema educativo sino que está decidida a destruir la educación pública santacruceña siga avanzando en desmedro de la calidad de vida de los habitantes de la provincia.