RÍO GALLEGOS.- La vocal por los pasivos, Viviana Carabajal, se solidarizó con los jubilados que el año pasado fueron demandados por el gobierno de Alicia Kirchner, por supuestos daños contra el edificio de la Caja de Previsión: «hay jubilados que están siendo presionados con la justicia por reclamar un derecho que constantemente es vulnerado”, manifestó. La representante de los jubilados provinciales en la Caja de Previsión, Viviana Carabajal, expresó su malestar por la demanda que aún mantiene el gobierno provincial contra un grupo de jubilados a quienes denunció en marzo del año pasado por supuestos daños contra el edificio de  la Caja: «Es una muestra clara del poco diálogo y lo más lamentable que la justicia actúa pero nunca actúa a favor del trabajador y mucho menos de los jubilados de la provincia», sostuvo Carabajal. “Después de quitar derechos como es el pago en tiempo y forma y de provocar y generar una prolongada acción y reclamo bajo el silencio cómplice de muchos, hoy hay jubilados que están sintiendo la presión y es fundamental que como sociedad miremos lo que nos está pasando», indicó. En marzo de 2018, en el marco de las protestas de jubilados por el pago fuera de término de sus haberes, el gobierno radicó una denuncia contra los manifestantes por daños y perjuicios “contra edificios públicos”, por cuya acción les reclama un monto de 329.400 pesos. La presentación la realizó el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, y el abogado de ese organismo, Emilio Monzón, contra Villarroel, Ana Virginia, y otros, todos miembros de la agrupación Jubilados Unidos en Acción. “¿Cómo se llega a esto?», se preguntó Viviana Carabajal en una nota que publicó en sus redes sociales, en la cual cuestionó, «Nadie condena ni demanda la inacción de un gobierno, y eso es fruto del desmanejo que existe hoy en la clase política pero también por el deterioro de las instituciones”. Agregó que “La fiscalía de Estado actúa y obviamente que no actúa a favor de los jubilados, recordemos que algunos jubilados que presentaron amparos ante el juez de Familia Antonio Andrade, este mismo ordenó al Gobierno, el pago del 1 al 7 de cada mes pero sólo para los amparistas y ¿saben qué? eso fue apelado por la Fiscalía de Estado lo que demuestra una vez más el accionar. No podemos ser ajenos a esta realidad que nos golpea, es tiempo de reencontrarnos como sociedad y de atacar y resolver los problemas”, enfatizó Viviana Carabajal.