RÍO GALLEGOS.- La jueza de Instrucción Rosana Suárez procesó por «violación de domicilio» a cuatro manfestantes que en abril de 2017 reclamaron por sus sueldos frente a la residencia oficial y que fueron denunciados por el gobierno por intento de desestabilización. En la vivienda se encontraban además de la gobernadora Alicia Kirchner, la expresidenta, Cristina Fernández y su nieta de 18 meses. La denuncia se basó en filmaciones del gobierno y el video que produjo la ex presidenta al día siguiente del hecho, y viralizó por sus redes sociales. Gremios estatales hoy marcharán hasta el juzgado. El viernes se conoció el procesamiento dictado por la jueza de Instrucción, Rosana Suárez, de cuatro manifestantes que el 21 de abril de 2017 protestaron frente a la residencia oficial en reclamo del pago de salarios. Juan Manuel Valentín,  Gabriela Ance, Claudio Wasquin, y Diego Barrionuevo, fueron procesados por el delito de “violación de domicilio”, y embargados por 100.000 pesos cada uno. La denuncia ralizada por el gobierno provincial había sido por “daños, atentado contra el orden constitucional y democrático, sedición y violación de domicilio”. «Los hechos fueron filmados y fotografiados», aseguró el fiscal Fernando Tanarro en la denuncia, a la que además se sumó el video casero que grabó Cristina Fernández mostrando imágenes del patio y el interior de la residencia oficial, con las secuelas de lo que la expresidenta calificó de «ataque violento», que buscaba desestabilizar al gobierno el que según ella había sido «fogoneado» por el canal TN que ese día se hallaba en Río Gallegos cubriendo las instancias de los reclamos de los gremios estatales por la falta de pago de salarios. Para Cristina Fernández los reclamos que derivaron en incidentes fueron parte de un plan,  “organizado y planificado por hombres de Cambiemos en la provincia” y tuvo “el visto bueno del gobierno nacional”, denunció. Mencionó al senador nacional, Eduardo Costa, como uno de los principales instigadores. La misma hipótesis de desestabilización fue la que esgrimió la gobernadora Alicia Kirchner quien consideró que “Fue un ataque organizado y planificado, tanto con el sector mediático como instigado por (Eduardo) Costa.“Me llama la atención” la protesta, dijo la mandataria por Radio Diez y volvió a apuntar contra la prensa al señalar que existe “permanentemente a nivel mediático la visita de distintos medios pero no para ayudar a los santacruceños, otros están instigando” e insistió que “hay un mundo mediático digitando información”. Según el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, «Se incitaba a llevar nafta y quemar la residencia», quien aseguró que existían «fotos y filmaciones» de los incidentes, que permitieron identificar a los denunciados. Paro de docentes, protesta frente al juzgado, y reclamos a la jueza cercana al gobierno El viernes, la ADOSAC decidió un paro de actividades de 48 horas a partir del lunes 6 en repudio al procesamiento dictado por la jueza Suárez, «basta de crimanilzar la protesta social», expresaron a través de un comunicado. Desde la CTA cuestionaron a la Jueza por actuar de manera “parcial y vinculada a las necesidades políticas del Ejecutivo Provincial”. Cabe señalar que la jueza de Instrucción Nº 3, Rosana Suárez, tiene a su cargo desde hace dos años el reclamo de la ADOSAC al estado provincial por una millonaria deuda en aportes sindicales que retiene a los afiliados y no deposita en las cuentas del sindicato. La magistrada fue quien cerró en tiempo récord la causa del incendio en el Tribunal de Cuentas sin haber dado vista de las pericias a la parte demandante. El 27 de abril un incendio en la oficina del vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, Dr Javier Stoessel, despertó sospechas sobre el origen del mismo: “Hoy el deterioro y la desconfianza es tan grande que no podemos dejar de analizarlos en esos términos”,  señaló el principal damnificado en referencia a las instituciones del gobierno. Días antes el organismo había denunciado penalmente a la ministro de Salud Rocío García por la triangulación de $36 millones con la UTN. A menos de un mes de aquel incidente la jueza Rosana Suárez del Juzgado Penal Nro 3,  decidió archivar la causa que investigaba las circunstancias del incendio y de este modo clausurar la posibilidad de conocer los resultados de las pericias que despejarían las sospechas de si se trató de un acto intencional. La dra Suárez tiene también a su cargo la causa que investiga el crímen de la joven trans, Marcela Chocobar, en septiembre de 2015. Las hermanas de Marcela cuestionan la carátula de “homicidio simple” que determinó la jueza y solicitan el cambio por el de «crímen con perspectiva de género», a lo que la jueza nunca accedió. El año pasado la dra Suárez renunció al cargo que ostentaba en el Consejo de la Magistratura para concursar para camarista Penal, pero aun hoy no se ha resuelto aquel concurso.