RÍO GALLEGOS.- La sucesión de casos de violencia y abusos sexuales cometidos por miembros de la Institución, motivó la reacción de la Red de Mujeres Policías quienes solicitaron a las autoridades que «quienes están siendo investigados por la Justicia, no pueden ser reincorporados», a la fuerza. Destacan la aprobación legislativa de un pedido de informes al ministro de Gobierno, Fernando Basanta,  sobre los casos de violencia y abusos en la Policía de Santa Cruz. Abusos sexuales, agresión física y muertes dudosas de mujeres policías o familiares, conforman una estadístcias que se incrementó en los últimos meses. Por ello la Red de Mujeres Policías emitió un documento en el que piden expulsar a los miembros de la instución que tengan causas abiertas, «la evidencia científica en el mundo nos muestra que no hay ningún agresor sexual que se cure, la reincidencia es altísima», argumentan. Ven con satisfacción que el ministro de Gobierno, Fernando Basanta,  «finalmente fue citado, y se presentará a dar informes de los casos que actualmente acompañamos»,  y destacan que la Legisladora Gabriela Mestelan, «fue quien después de tanto insistir logró que hoy ´nos escucharan´ y se pudiera aprobar el pedido», expresan. Se lamentan «porque en estos meses sin respuestas, surgieron nuevas denuncias por abuso sexual, por lo que entendemos que el informe que darán será incompleto ,excluyendo los últimos casos dados a conocer como el abusos sexual denunciado en Rio Turbio, donde el involucrado es un jefe de bomberos, o el caso de El Calafate donde la víctima es un menor de edad», señalan. Los casos más recientes La organización recuerda «el Femicidio de Liseth Barrera, donde la última persona en estar con ella , fue su pareja , nuevamente un policía. En este último caso, adherimos también al pedido de apartamiento de las Fuerzas realizado por el Concejo Deliberante de Gobernador Gregores», afirman. Otro hecho violento es el abuso sexual denunciado en las Heras, en el mes de Febrero, «gracias a esta intervención comenzamos a presionar al Gobierno de Santa Cruz para la implementación urgente de protocolos ante casos de abusos sexuales y de licencias por violencia de género», precisan, y agregan que fue la Coordinadora Nacional de Politicas de Género de las Fuerzas de Seguridad de la Nación, Carolina Barone, «quien se comunicó ante nuestro pedido con el Gobierno de Santa Cruz», por el hecho denunciado. Desde la Red recuerdan que denunciaron «en Medios nacionales, incluso en el Congreso de la Nación, la apertura sistemática de carpetas psiquiátricas a mujeres que denunciaban acosos, maltratos, abusos sexuales , sumarios y traslados arbitrarios, obstrucciones a licencias de maternidad y de estudio». Destacan entre otros logros que «En este tiempo esperando una respuesta por parte del Gobierno de Alicia Kirchner ante estos gravísimos delitos contra la integridad de mujeres, logramos finalmente conseguir la licencia por violencia de género que veníamos pidiendo a nivel local y nacional». Denucian que «En este contexto las mujeres debían cargar con etiquetas vinculadas a su salud mental, con fines de apartarlas de la Institución, los fundamentos eran siempre los mismos, “no están aptas”.. y la condición de haber sido víctimas de violencia de género jamás se consideraba» El pedido al gobierno de expulsar a los agresores de la Fuerza La Red de Mujeres Policías consideran «una cuestión lógica, y de respeto a las Organizaciones y a las mujeres que luchan contra los delitos de abusos sexuales, que quienes están siendo investigados por la Justicia, no pueden ser reincorporados, por la naturaleza y la gravedad del hecho denunciado, y porque la evidencia científica en el mundo nos muestra que no hay ningún agresor sexual que se cure, la reincidencia es altísima, y no podemos exponer a la sociedad a estos hombres que estaran con posesion de armas y patrullando , sostenidos en un lugar de poder, y donde pueden manipular e interferir en las investigaciones de la justicia». Evalúan que los fundamentos de la Institución policial para no apartar a los policías denunciados por abuso o agresión se basan «en un reglamento de épocas dictatoriales, carente de enfoque de género, y que no especifica el apartamiento de acosadores ni agresores sexuales». Señalan la discrecionalidad de aquellos casos en que las mujeres policías son apartadas de su trabajo, «sin tener causas ni procesamientos», a través de resoluciones firmadas por el ministro Fernando Basanta, «donde las ha separado por denunciar los abusos y la violencia existente contra las mujeres dentro de la institución. tal es el caso de Natalia Tolay», apuntan. Otro de los casos que citan es el de Mirta Esquivel «que no se la dejó ascender nunca más después de que denunció y cuando ganó un juicio contra el Jefe de Policía José Luis Cortés, como responsable de la muerte de su hija y sus 3 nietos se la intimó a tramitar un retiro obligatorio». Finalmente aseguran que “Los discursos sobre Derechos humanos, o perspectiva de género en las Fuerzas, no sirven sino se da el ejemplo , y hoy en Santa Cruz, tenemos casos judicializados, y es el momento de mostrar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.”