actualidad.Procesaron a cinco ex intendentes de Santa Cruz por defraudación
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BUENOS AIRES.- El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes, entre ellos cinco de Santa Cruz en la causa que investiga fraude contra la administración pública a través del programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU) por el cual se giraron fondos nacionales a los municipios, los que no concretaron o directamente no iniciaron las obras. Raúl Cantín, Matías Mazú, José Bodlovich, José Córdoba y Teodoro Camino, integran la lista. Tres de ellos actualmente ostentan cargos políticos.
Se trata de una causa por la que ya estaban procesados los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa.
Los procesamientos de hoy fueron dirigidos a intendentes y ex intendentes de Ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.
Entre los ex intendentes de Santa Cruz procesados por Bonadío se encuentran, Matías Mazú (Río Trubio) actual jefe de bloque de diputados del FPV, José Bodlovich (Piedrabuena), legislador del FPV, José Córdoba (Caleta Olivia), Teodoro Camino (Las Heras) actual ministro de Trabajo, y Raúl Cantín (Río Gallegos).
[caption id="attachment_47881" align="alignleft" width="433"] Ex intendentes Mazú y Bodlovich, hoy legisladores provinciales del FPV[/caption]
Cabe consignar que Matías Mazú, está procesado en la causa Río Turbio por la cual tiene pedido de prisión, el que no pudo concretarse porque posee fueros legislativos. Por la misma causa está detenido desde marzo del año pasado el también ex intendente de Río Turbio y ex interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna.
Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos. “Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo Bonadio en el fallo de 347 páginas.
Consta en el fallo que "cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado", y agrega: “Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado”, recalca.
El magistrado agregó que tampoco pudieron “explicar por qué en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.
Se trata de un expediente iniciado en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En esta causa, la Cámara Federal ya analizó el accionar de los ex jefes de Gabinete procesados y sostuvo que “quienes ostentaban el control de los PMGIRSU incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines”.
En total son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregularidad del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.
Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.
Fuente: Télam
Ex intendentes Mazú y Bodlovich, hoy legisladores provinciales del FPV[/caption]
Cabe consignar que Matías Mazú, está procesado en la causa Río Turbio por la cual tiene pedido de prisión, el que no pudo concretarse porque posee fueros legislativos. Por la misma causa está detenido desde marzo del año pasado el también ex intendente de Río Turbio y ex interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna.
Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos. “Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo Bonadio en el fallo de 347 páginas.
Consta en el fallo que "cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado", y agrega: “Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado”, recalca.
El magistrado agregó que tampoco pudieron “explicar por qué en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.
Se trata de un expediente iniciado en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En esta causa, la Cámara Federal ya analizó el accionar de los ex jefes de Gabinete procesados y sostuvo que “quienes ostentaban el control de los PMGIRSU incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines”.
En total son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregularidad del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.
Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.
Fuente: Télam