RÍO GALLEGOS.-  El juez de Primera Instancia, Marcelo Bersanelli, declaró abstracta la demanda contra el gobierno que presentaron afiliados a la Caja de Servicios Sociales exigiendo el cese de la intervención en el organismo y la elección de los representantes de los trabajadores en el directorio. El juez Francisco Marinkovic había hecho lugar al amparo pero el gobierno lo recusó «por ser afiliado de la obra social», y envió un proyecto de normalización a la Legislatura que el juez Bersanelli utilizó como fundamento para dejar sin efecto la demanda. A raíz del amparo-mandamus presentado por los afiliados, César Andrade y José Alberto Márquez, contra el gobierno provincial exigiendo el cese de la intervención de la CSS, y la convocatoria a elecciones de representantes de los trabajadores el 26 de junio el juez, Francisco Marinkovic, corrió traslado al Ejecutivo pidiendo información para determinar cuál era la situación actual de la intervención y si había instrumentos legales que podrían llegar a sostener esa intervención en el tiempo. La reacción del gobierno fue pedir la recusación del juez Marinkovic argumentando que es afiliado a la Caja de Servicios Sociales ya que cumple funciones en uno de los poderes del Estado provincial. El expediente cayó en manos del juez, Marcelo Bersanelli, quien también ostenta la misma condición de afiliado a la obra social provincial.
El 1 de julio la gobernadora, Alicia Kirchner, envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para finalizar la intervención de la CSS y convocar elecciones para conformar un directorio con la participación de trabajadores. El proyecto del gobierno fue utilizado como fundamento por el juez Marcelo Bersanelli para frenar el amparo mandamus presentado por los afiliados, César Andrade y José Alberto Márquez, al que había hecho lugar el juez, Francisco Marinkovic. En su resolución, Bersanelli sostiene que «la  Ecma.Gobernadora, Sra Alicia Kirchner, envió a la legislatura provincial el proyecto de ley que reforma la ley de creación de la Caja de Servicios Sociales eliminando la intervención del Poder Ejecutivo y llamando a elección de integrantes del directorio», detalla el magistrado en su fallo, en el que reconoce que la iniciativa legislatuva del gobierno fue posterior al amparo presentado por afiliados. «El fallo de Bersanelli es un llamado a no cumplir con la ley», manifestó el dirigente de la CTA, Juan José Ortega, «el juez declara abstracto un proceso judicial argumentando una iniciativa del gobierno que es apenas un proyecto de ley, es decir, que en adelante todo proyecto de ley podría anular una ley vigente», agregó. La resolución del juez Bersanelli, deja sin efecto la medida judicial que ordenaba al gobierno poner fin a la intervención, y normalizar el directorio de acuerdo a lo que dicta la ley 364 de creación de la Caja de Servicios Sociales del año 1964. Los abogados patrocinantes del amparo mandamus, la dra. Diana M. Huerga Cuervo y el Dr. Enrique Papa, integrantes de PA.DE.HU (Asociación Civil Patagonia por los Derechos Humanos), fundamentron la presentación  “en función del abandono y progresivo deterioro del sistema de protección social en Santa Cruz, que afecta directamente el goce del derecho humano a la Salud, y en particular de los empleados públicos por el deficitario funcionamiento de su obra social”, afirmaron. Según la presentación “El mantenimiento de la intervención, se encuentra hoy carente de todo contexto normativo, y, no estando vigente ley alguna que mantenga o prorrogue la intervención, es exclusiva responsabilidad del poder ejecutivo convocar a elecciones, y cesar la ilegal intervención”. La dra Huerga Cuervo, sostuvo que para regularizar el directorio de la CSS “no se necesita ningún proyecto de ley porque la intervención ha cesado de facto y el Poder Ejecutivo es quien está incumpliendo con su obligación legal de convocar a elecciones, de conformidad al art. 8 de la Ley 364″, afirmó. Bersanelli, implicado en una denuncia por manejo irregular de fondos y abogado de Cristina Fernández  El pliego de Marcelo Bersanelli fue votado en la legislatura en junio de 2017, con el apoyo del kirchnerismo y La Cámpora y la negativa de la oposición «hasta que se aclare su situación judicial», ya que el postulante estaba involucrado en la denuncia contra la ministro de Salud,Rocío García, por la contratación de la firma Panel Tech para el mantenimiento de hospitales en la provincia. Entonces Bersanelli se desempeña como Subsecretario de Gestión Administrativa, en el ministerio de Salud.  El contrato -denunciado por el Tribunal de Cuentas- fue por una cifra cercana a los $40 millones, y en la denuncia se consigna que la firma no se encontraba inscripta en el registro de proveederes del estado provincial. Bersanelli adquirió notoriedad pública cuando en noviembre de 2016 apareció en el video que grabó Cristina Fernández, acompañando a la ex mandataria en su presentación ante el juzgado federal de Río Gallegos para registrar sus huellas dactilares y justificar su no concurrencia a una citación del juez Claudio Bonadío.