RÍO GALLEGOS.- La gobernadora Alicia Kirchner envió un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados que busca poner fin a la intervención en la Caja de Servicios Sociales, y pide que se convoque a elecciones para conformar un directorio con la participación de trabajadores.  La decisión del Ejecutivo surge luego de un amparo que en ese sentido presentaran dos afiliados a la obra social y del cual el gobierno fuera notificado la semana pasada. Para los patrocinantes «la intervención cesó de facto», y con el proyecto de ley el gobierno busca dilatar los tiempos de normalización de la obra social. Con la finalidad de regularizar el funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales y poner fin a la intervención de 30 años a la obra social de los estatales provinciales, la gobernadora, Alicia Kirchner, remitió a la legislatura un proyecto de ley para convocar a elecciones para integrar los cargos electivos del Directorio «otorgando participación a los afiliados en la dirección del organismo», señala la iniciativa, que según la gobernadora es «la concreción de un anhelo largamente esperado por los afiliados». Asimismo expresa la necesidad de regularizar «la composición del patrimonio y la cobertura médica y prestacional», de los servicios que brinda la obra social, teniendo en cuenta que la normativa actual vigente fue sancionada el 25 de julio de 1964. El proyecto surge luego de un amparo-mandamus contra el gobierno provincial exigiendo el cese de la intervención de la CSS, y la convocatoria a elecciones de representantes de los trabajadores y por los jubilados, presentado por los afiliados César Andrade, y José Alberto Márquez. La demanda, fue notificada al Gobierno Pcial el 26 de junio de 2.019 y se encuentra a resolver. Los abogados patrocinantes, dra. Diana M. Huerga Cuervo y el Dr. Enrique Papa, integrantes de PA.DE.HU (Asociación Civil Patagonia por los Derechos Humanos), fundaron la presentación  «en función del abandono y progresivo deterioro del sistema de protección social en Santa Cruz, que afecta directamente el goce del derecho humano a la Salud, y en particular de los empleados públicos por el deficitario funcionamiento de su obra social», afirmaron. Según la presentación «El mantenimiento de la intervención, se encuentra hoy carente de todo contexto normativo, y, no estando vigente ley alguna que mantenga o prorrogue la intervención, es exclusiva responsabilidad del poder ejecutivo convocar a elecciones, y cesar la ilegal intervención». La dra Huerga Cuervo, sostuvo que para regularizar el directorio de la CSS «no se necesita ningún proyecto de ley porque la intervención ha cesado de facto y el Poder Ejecutivo es quien está incumpliendo con su obligación legal de convocar a elecciones, de conformidad al art. 8 de la Ley 364″, afirmó la letrada, «Esperemos que no se busque con el proyecto de ley prorrogar más aún una intervención cuyos plazos legales están ampliamente vencidos, lo que constituiría una nueva ilegalidad y un destrato para todos los afiliados de la Caja”, enfatizó. Qué es el Amparo-Mandamus La demanda presentada por Andrade y Márquez, persigue obtener una “orden ejecutiva” contra el Poder Ejecutivo Provincial, a fin de que proceda a convocar, en el plazo de 60 días, a elecciones de representantes por el sector activo y pasivo de la Caja de Servicios Sociales de la Provincia, dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el art. 8, 5 y cctes. de la Ley 364 y modificatorias, bajo apercibimiento de una multa diaria de $ 150.000, y de dar intervención al juez penal de turno. La Ley 364 (del 25 de Julio de 1964) crea la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz, y fue intervenida por Decreto Provincial 1.514 del 20 de septiembre de 1.985, esta intervención fue luego ratificada por ley. La intervención, originariamente dispuesta por tiempo determinado, tuvo como última fecha de vencimiento la dispuesta por la ley la ley 2.091, extendiéndose por Decreto de prórroga hasta el día 10 de diciembre de 1.991. En todos los casos, la intervención sólo debía tener por objeto establecer una administración provisoria hasta tanto se normalizase la misma y se convocara a elecciones. «Lo cierto es que desde diciembre de 1991, la CSS permanece intervenida sin respaldo legal que la sustente; y resulta claro que el Poder Ejecutivo ha contado con una extensión temporal más que suficiente para el saneamiento de la situación que diera origen a la intervención y para su normalización», señala la demanda que ya fue notificada al gobierno provincial, el 26 de junio, una semana antes que la gobernadora decidiera impulsar una ley para cumplir con la normalización de la obra social.