RÍO GALLEGOS.- La Caja de Servicios Sociales tomó la decisión de no aceptar nuevas afiliaciones de empleados municipales, ante la falta de aportes del municipio de la capital provincial. La drástica medida abre el debate sobre las responsabilidades compartidas entre los municipios y la Provincia en el manejo de la Obra Social intervenida por el gobierno hace más de tres décadas. La profesora Gabriela Mestelán, de Encuentro Ciudadano, rechazó la suspensión de las afiliaciones. 

«Ante la falta de aportes tanto personales como patronales, por parte del Municipio de Río Gallegos, se ha tomado, por orden de la superioridad, la excepcional medida de suspender la afiliación de nuevos ingresos tanto de titulares como de adheretntes, hasta tanto se regularice la situación», dice la comunicación de la obra social que lleva la firma del director de afiliaciones, Néstor Márquez.

Si bien la obra social se financia con los aportes de afiliados y de empleadores, en este caso el municipio de Río Gallegos, que luego son destinados al pago de las prestaciones,  la decisión de suspender la incorporación de nuevos afiliados contradice el espíritu de  la seguridad social por la que deben velar los estados, nacional, provincial o municipal. 

El gobierno provincial viene denunciando públicamente que los municipios adeudan a la Caja de Servicios Sociales, aportes de varios años atrás, tanto de administraciones kirchneristas como aquellas comunas en manos de la oposición. 

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Cabe consignar que la obra social que tiene cautivos a los estatales provinciales y municipales, está intervenida por el gobierno desde hace más de 30 años. 

La suspensión de nuevas afiliaciones a la obra social es una medida que roza la ilegalidad, toda vez que las obras sociales del sistema público, a diferencia de las empresas prepagas de medicina, están obligados a garantizar el servicio de salud de los empleados,  más allá del estado de deuda de los aportes de los afiliados, a quienes mensualmente el empleador retiene de sus salarios el aporte a la obra social. 

Con su decisión, las autoridades de  la CSS están advirtiendo a los intendentes que no deben tomar más empleados sino cumplen con los aportes, ya que ningún empleador sea estatal o privado, puede incorporar personal sin las coberturas de ley en cuanto a jubilación y obra social. 

El rechazo de la dirigente Gabriela Mestelán

La exlegisladora de Encuentro Ciudadano, profesora Gabriela Mestelán, salió a rechazar la medida de la CSS, “el derecho a la cobertura de salud no puede depender de las deudas que los entes oficiales mantengan con la obra social provincial”, afirmó. 

“Solicitamos que de manera urgente se garantice el alta a los trabajadores públicos a quienes se les está negando la afiliación”, requirió la referente de Encuentro Ciudadano, quien planteó además la necesidad de que “las autoridades de nuestra obra social expliciten con claridad la por motivos que, atendibles, no pueden de ninguna manera cercenar el derecho de acceso a la cobertura de salud que las leyes amparan”, señaló. 

Recordó que “En nuestra provincia los agentes públicos no tenemos la posibilidad de elegir obra social, por lo que todos los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial y municipales aportamos a la Caja de Servicios Sociales, tema que algún día debemos poner en discusión seriamente, pero no es el momento”, concluyó la referente de Encuentro Ciudadano.